La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha dictado sentencia absolutoria para los 16 acusados en el denominado caso Catastro entre los que se encontraban investigados algunas personas de la isla de La Gomera. Según la sentencia a la que ha tenido acceso la CADENA SER, «no se aprecian indicios suficientes para condenar a los 16 encartados» acusados de montar un auténtico catastro paralelo resolviendo expedientes relacionados con discrepancias judiciales relativas a fincas y tramitándolos en un tiempo inferior a su tramitación ordinaria sin observar el procedimiento reglamentario. La Fiscalía había solicitado penas que suman los 20 años de prisión entre todos los 16 investigados.
Según la calificación del Ministerio Público, los acusados, presuntamente cobraban sumas de dinero que podrían ir desde los 3.000 a los 100 euros por las gestiones que, a la postre no figuraban en el catastro real. Entre ellos se encontraba el encargado de la planificación informática de la sede del Catastro a quien se había acusado de disponer de las claves para operar en el sistema de Gestión Catastral y la jefa de Planificación urbanística quien presuntamente colaboraba en la organización delictiva.
Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la operación ilegal colaboraron aparejadores y administradores de fincas que se encargaban de captar clientes. Los investigados se enfrentaban a los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y organización criminal. Todo ello, no ha podido ser probado por lo que han quedado absueltos.
En el último día del juicio, los letrados de los acusados defendieron su inocencia y apuntaron a errores en los escritos del fiscal y la Abogada del Estado, así como en la investigación.
Gomeranoticias se ha puesto en contacto con algunos de los ahora absueltos y han mostrado su satisfacción por la sentencia judicial, al tiempo que han señalado a este medio de comunicación «la confianza que siempre hemos tenido de no tener nada que ver con las acusaciones vertidas durante todos estos años».
Según informó el periódico El Día en una crónica del periodista Noé Ramón, los once abogados defensores intentaron demostrar que ninguno de sus clientes es responsable de haber cobrado cantidad alguna por agilizar trámites catastrales. Tan solo el letrado de S.C.D.M., al que se considera captador de clientes para que luego realizaran gestiones ante el Catastro, en el que trabaja su tío J.D.D. y en una Notaría, abrió la puerta a que como mucho se le considere cooperador necesario de los presuntos delitos.
El mencionado diario, apuntaba el pasado día 4 de marzo que Andrés Martín, defensor de J.D.D. y la funcionaria P.C.I., reiteró el argumento expresado al principio del juicio de que la denuncia no podía haber sido presentada en un juzgado de La Laguna ya que supuestamente los hechos ocurrieron en la sede del Catastro en Santa Cruz. Tachó de «arbitraria, injustificada y carente de imparcialidad» la actuación del primer magistrado, César Romero Pamparacuatro, y dudó de la originalidad de los expedientes con los que se inició la investigación. El abogado abre la posibilidad a que los agentes manipularan documentos, dado que las pesquisas se iniciaron un mes antes de la denuncia.
El argumento de este letrado se basó en responsabilizar a Sara Anguita, gerente del Catastro en el momento de los hechos, de las irregularidades que se pudieron haber cometido, en cuanto semanalmente llevaba a cabo auditorías a los procedimientos que se tramitaban. Defendió que sus clientes sí tenían la capacidad y autorización para elaborar expedientes, que entre los años 2012 y 2013 era habitual que los documentos carecieran de sello y fecha, se resolvían en pocos días y raramente se comunicaban a los interesados. Apuntó que, en 2010, de los 17.600 expedientes con los que se trabajó apenas se notificaron 300. Aseguró que no hay prueba de que ninguno de los dos funcionarios recibiera sobornos, que no pudieron incurrir en prevaricación porque no tenían capacidad decisoria, no hubo falsedad ya que las variaciones se ajustaban a la realidad, ni infidelidad en la custodia dado que en el domicilio común solo había fotocopias.
El letrado de S.C.D.M. indicó que su papel era el de gestor y para ello contaba con la autorización de los clientes. Al no ser funcionario no se le puede acusar de infidelidad en la custodia de documentos, ni de falsedad de los mismos y asegura que siempre cobró por su trabajo. Rechaza la acusación de pertenecer a grupo criminal, «porque aquí lo único que ha ocurrido es que un gestor fijaba libremente un precio por solucionar asuntos». El letrado del exoficial de la Notaría de La Laguna habló de acusaciones imprecisas y de resentimiento por parte de la jefa. Criticó que la acusación se base en el análisis de 12 expedientes de los 17.000 que se movían cada año en el Catastro.
El periódico El Día publicará este sábado, 14 de abril, una amplia información sobre esta sentencia.
