La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña que este jueves han declarado en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. En el caso de Santi Vila, exconsejero de Empresa, se ha dictado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, según informa el periódico El País.
Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Cultura), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán trasladados de inmediato a prisión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido prisión incondicional para los ocho miembros del Govern. Vila, que dimitió antes de que el Parlament votará la declaración de independencia, ha sido el único exconsejero que ha respondido ante la juez a las preguntas de todas las partes.
Los exconsejeros acusados de rebelión en la Audiencia Nacional se han negado a responder a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, según han señalado fuentes presentes en la diligencia. El único en contestar al ministerio público ha sido el exconsejero y posible candidato del PDeCAT Santiago Vila, que ha declarado durante unos 45 minutos.
Pasadas las 9.50, han comenzado las declaraciones ante la juez Carmen Lamela. El primero en hacerlo ha sido elexconsejero de Presidencia Jordi Turull y luego ha iniciado su comparecencia el exconsejero de Territorio Josep Rull, tras el que lo han hecho Santi Vila (Empresa), Meritxell Borrás (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).
Quienes no han acudido este martes a la Audiencia Nacional son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), después de que este miércoles por la noche anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer ante los tribunales.
La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron anoche en un comunicado firmado por el «gobierno legítimo de Cataluña», a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político «efectuado al dictado del Gobierno del Estado español». Añadían que parte de los exconsejeros comparecerían ante la jueza Carmen Lamela «como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas», mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.
El abogado de Serret y de Comín, Gonzalo Boyé, sí ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar estar presente en las declaraciones, que se hacen bajo secreto, pero le han comunicado que, en todo caso, lo debe hacer por escrito.
La Fiscalía presentó una querella contra todos los miembros del Govern, todos cesados, por los delitos de rebelión sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del denominado ‘procés’ y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
