El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, podrá seguir en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos contra la sentencia por el ‘caso Teresitas’; sin embargo, la Audiencia Provincial le obliga a comparecer una vez al mes ante este tribunal o el juzgado más próximo a su domicilio dentro de los diez primeros días de cada mes.
En un auto notificado hoy, la Sección Segunda de la Audiencia considera que la obligación de comparecer mensualmente y la retirada del pasaporte pueden ser medidas suficientes contra el riesgo de que Miguel Zerolo quisiera sustraerse a la acción de la justicia. El tribunal da tres días de plazo a Zerolo desde la notificación del auto para que deposite su pasaporte.
En la misma resolución, la Audiencia acuerda la libertad provisional de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Martín, así como de los funcionarios Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín, a quienes solo se les impone como condición la entrega de sus pasaporte, también en un plazo de tres días.
Tanto la fiscalía como la acusación popular habían pedido prisión provisional para Zerolo, Plasencia y González, así como para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, que actualmente cumple condena en Tenerife II por el caso mamotreto, pero no para los dos funcionarios.
Las acusaciones basaban su petición de prisión por haber aumentado el riesgo de fuga tras ser dictada la sentencia y en que los acusados disponían de elevados recursos económicos que podrían utilizar para sustraerse a la acción de la justicia.
Zerolo está condenado a siete años por malversación de fondos y prevaricación, lo mismo que Parejo, mientras que los empresarios Plasencia y González fueron condenados a cinco años y tres meses por la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, una operación en la que se obtuvieron beneficios superiores a los 100 millones de euros a costa de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, según la sentencia.
El auto indica que, aunque en la sentencia se apuntaba a indicios sobre la posibilidad de que Zerolo tuviera patrimonio oculto en el extranjero, esos hechos no quedaron probados en el proceso, en el que la pieza separada sobre cohecho quedó sobreseída.
Además, no se han dado muestras de que Zerolo pretenda ponerse fuera del alcance de la justicia.
Concluye el tribunal que la prisión preventiva sería desproporcionada y que la posibilidad de fuga puede ser compensada razonablemente mediante la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal.
En el caso de Parejo, el auto señala que su permanencia en prisión por una condena anterior, sumada a las medidas restrictivas en el caso de que pudieran aplicársele beneficios penitenciarios en un futuro, son suficientes para compensar el riesgo de fuga.
Además, tampoco hay indicios en su conducta anterior sobre una posible voluntad de sustraerse a la acción de la justicia.
Tampoco ve el tribunal que en el caso de los empresarios Plasencia y González haya circunstancias excepcionales que aconsejen su entrada en prisión de forma preventiva, y señala que su “patrimonio formidable” les permite hacer frente a las cuantiosas fianzas civiles que se les han exigido.
Son personas que siempre han atendido a las citas judiciales y que tienen gran arraigo en la ciudad, así como una edad avanzada con la cual es difícil imaginarlos “llevando una vida clandestina ocultándose de las autoridades”.
Para los dos funcionario, el auto concluye que siempre han acudido a las citaciones judiciales, que tienen arraigo personal y familiar en Tenerife y que carecen de medios para sustraerse a la acción de la justicia, por lo que basta con la privación de su pasaporte para compensar el riesgo de fuga.
La Sección Segunda de la Audiencia tiene aún pendiente de fallar en otro auto sobre el aumento de las medidas cautelares económicas demandadas por las acusaciones para garantizar que los condenados hagan frente a las indemnizaciones a las que fueron condenados, de unos 63 millones de euros más intereses.
Las fianzas hasta ahora aportadas solamente cubren 26 millones de euros, según se puso de manifiesto en la comparecencia judicial.
