La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha examinado hoy la denuncia contra la directiva europea que permite a los Estados miembros castigar a europeos que ayudan a inmigrantes irregulares, a raíz de la detención de bomberos sevillanos que socorrían a inmigrantes en el Mediterráneo y que fueron acusados de tráfico de personas
Durante el debate, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha calificado de «inaceptable» que pueda criminalizarse a quienes ayudan, asisten o cooperan humanitariamente con quienes sólo pueden llegar a Europa por vías irregulares. «Se debe eximir de cualquier proceso penal a quien lo da todo por los demás», ha añadido, en referencia a la norma europea que permite que los Estados miembros puedan penar a personas que están desarrollando una labor humanitaria, a quienes prestan ayuda por motivos humanitarios.
«Estos bomberos son un ejemplo de solidaridad y de compromiso humanitario en pos de los más desfavorecidos frente a una normativa abyecta que contradice los valores europeos”, ha declarado. «Permitir estas detenciones es un hecho que avergüenza a Europa», ha añadido,
López Aguilar ha traslado el apoyo de los socialistas españoles, “estamos firmemente comprometidos con este caso y vamos a poner todo el empeño para que cambiar la Directiva de Facilitation y evitar que hechos tan lamentables como los padecidos por estos ciudadanos ejemplares vuelvan a producirse», ha añadido.
Asimismo, el eurodiputado Jonás Fernández ha tomado la palabra para defender la tarea de los ciudadanos europeos que apoyan , respaldan, dan aliento y ayudan a las miles personas que buscan un futuro mejor dentro de Europa, y al conjunto de los europeos que están mostrando lo mejor de los principios europeos. Igualmente, ha exigido a la Comisión que «tome cartas en el asunte y reforma la directiva».
En concreto, los representantes de la ONG denuncian la «injusta penalización de personal humanitario y ciudadanos por ayudar a los migrantes». Por ello, reclaman la modificación de la ley europea y pide a los Estados miembros que se exima a los agentes humanitarios que trabajan con los migrantes en situación irregular.
