La ciudadanía de Canarias, organizada en la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, lleva hasta Europa la defensa del territorio de La Palma, La Gomera y El Hierro, las islas afectadas por la llamada Ley de turismo en las islas verdes, aprobada en pleno verano por el Parlamento de Canarias y que pretende extender la actividad turística al ámbito rural de estas islas.
Integrantes de la plataforma presentaron esta mañana en Tenerife distintas iniciativas con las que pretenden ampliar el ámbito de lucha contra esta nueva norma, en el terreno jurídico, social y político en la Unión Europea. Así, en el ámbito jurídico, el espacio de coordinación ciudadana tiene previsto pedir la tutela judicial de la Unión Europea frente a un texto legal, el redactado en el Parlamento de Canarias, que “viola la normativa europea”, según explicó el asesor jurídico de la plataforma, el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias en el ayuntamiento de La Laguna y profesor de Derecho de la ULL, Santiago Pérez.
Pérez recordó que “la Unión Europea es una unidad de derecho sustentada en la defensa de los derechos fundamentales, como la protección del medioambiente y la participación ciudadana”, por lo que, como respuesta a la solicitud de la Plataforma, la UE requerirá “al gobierno de España que se derogue estas medidas, porque el Estado es el que responde ante la Unión Europea”. Todas las instituciones están obligadas a cumplir con las normas europeas, y si la legislación europea que viola esta ley no se restituye, “la Unión Europea puede llevar al Estado español ante los tribunales”, como ya se ha hecho en otras ocasiones con países tan significativos en Europa como el Reino Unido, citó el asesor.
Es más, señaló Pérez, “los jueces españoles, al ser jueces europeos, pueden suspender la aplicación de esta ley”. Por este motivo, la Plataforma Canarias por un territorio sostenible, se plantea también acciones ante las más altas instancias jurídicas estatales: ante el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional, ante el que se puede presentar recurso gracias a contar con grupos parlamentarios en las Cortes que apoyan esta medida.
“Afortunadamente, en las Cortes hay más grupos parlamentarios que los dos con los que CC habitualmente pastelea para mantener sus intereses, como hizo con el Catálogo de Especies”, dijo el asesor. La acción política que se desarrollará ante el Tribunal Constitucional se complementa con las iniciativas que se están desarrollando también en el Parlamento europeo a través de distintos grupos parlamentarios.
En el ámbito social, la plataforma lanzó este viernes una campaña internacional de recogida de firmas a través de Internet. La iniciativa consiste en recoger apoyos individuales de la ciudadanía europea que suscriban en defensa del territorio de Canarias y contra la nueva ley en la direcciónhttp://you.wemove.eu/campaigns/canarias-SOStenible.
A partir de la próxima semana, se iniciará la iniciativa se presentará en francés, inglés y alemán, los idiomas básicos de los turistas que visitan las Islas, a los que se invita a defender un territorio que “es nuestro patrimonio natural, que gusta a millones de turistas y que los motiva a visitarnos”, según explicó Hugo de Armas, responsable de esta acción en el espacio de coordinación ciudadana. De Armas detalló que el objetivo de esta campaña es obtener entre 250 y 300 mil firmas en el plazo de tres meses, según la fórmula que se puso en marcha en Lanzarote y Fuerteventura frente a las prospecciones petrolíferas.
Voces de La Palma, La Gomera y El Hierro
“El único empleo que se va a generar con el modelo de desarrollo que impulsa la ley es precario; se van a llenar los bolsillos de los promotores, se va a destruir el territorio y estos empresarios turísticos se podrán apropiar del espacio rural”, señaló la portavoz de la plataforma ciudadana de La Palma, Vanesa Catalán, quien subrayó que los diputados presentes en el Parlamento de Canarias “no representan a todos los ciudadanos”.
La portavoz palmera hizo hincapié en el rechazo que existe en su isla hacia los campos de golf, “que tienen un impacto paisajístico irreversible, consumen el agua que corresponde a la agricultura y emplean productos químicos que son nocivos para la salud”. Catalán insistió en que, además, los impulsores de campos de golf requieren una serie de infraestructuras turísticas en su entorno, que amplían el impacto negativo de la instalación.
Lo que se dijo en el Parlamento la semana pasada para justificar la aprobación de la ley es “un discurso perverso”, aseguró Rubén Martínez, consejero de Sí se puede en el Cabildo de La Gomera. “En La Gomera y las demás islas hay más voces que las que dicen representarnos en el Parlamento, voces sociales e institucionales que rechazamos el discurso perverso e incierto que ocultan nuestra realidad”.
El modelo que pretende desarrollar la llamada ley de turismo en las islas verdes “no responde a nuestra realidad, no estamos instalados en la producción agraria de los años 50, ya tenemos actividad turística y con esta ley se suma al turismo convencional un sarampión de instalaciones turísticas en el espacio rural”, añadió Martínez, que destacó que “en el Cabildo de La Gomera no se ha debatido esta ley y de esta institución insular no ha salido informe alguno que la sostenga”.
“Estamos hablando de un ataque directo contra el territorio”, destacó Amado Carballo, consejero de Podemos en el Cabildo de El Hierro y miembro de la recién constituida plataforma Canarias por un Territorio Sostenible en esa Isla. “Esta ley y la ley del suelo impulsan la economía especulativa que ya estalló hace pocos años y destruirá lo poco que queda del sector primario en las islas periféricas”, dijo Carballo. Si esta nueva ley se consolida, “permanecerá la depredación del territorio, seguirá el saqueo de lo público mediante las redes clientelares y el dinero público acabará en otros paraísos”.
“Queremos garantizar la sostenibilidad frente al modelo depredador que quieren exportar a islas menores”. Afortunadamente, manifestó el consejero herreño, “la ciudadanía ha querido que haya otras voces en las instituciones”, como ocurre en los Cabildos de El Hierro, La Palma y La Gomera.
Finalmente, Julián Ayala, portavoz de Canarias por un territorio sostenible en Tenerife, recordó que las iniciativas jurídicas, sociales y políticas que se están iniciando se trasladarán como experiencia también a la lucha contra la Ley del Suelo, mientras que Antonio Pérez Marrero, portavoz de la citada plataforma en Gran Canaria, recordó precisamente que “la Ley del Suelo está comenzando a aplicarse a través de la Ley del turismo en las islas verdes”, como una avanzadilla de lo que pretender ser este nuevo modelo económico que se pretende imponer. Marrero recordó que una vez aprobadas las leyes, la movilización continúa porque puede detenerse su aplicación con argumentos jurídicos y políticos.
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