El Gobierno canario aprobó ayer el decreto que regula el destino de los fondos del desaparecido Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), con un formato que prescinde del reparto por islas que reclamaban algunos cabildos y destina un 75% a inversión en infraestructuras (unos 120 millones de euros anuales), un 20% a políticas de empleo (32 millones) y un 5% a I+D+i (8 millones).

En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al decreto que crea el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que estará dotado de un máximo de 1.600 millones durante sus diez años de vigencia y de alrededor de 160 millones en este primer ejercicio.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, subrayó que los recursos de este fondo de desarrollo se distribuirán en función del interés de los proyectos o programas presentados para sus tres ejes básicos de actuación, a través de un comité que seleccionará qué iniciativas se financian y qué volumen de recursos reciben. Los cabildos, ayuntamientos y universidades podrán acudir a las convocatorias del FDCAN en solitario, con proyectos concretos, o hacerlo consorciados por islas para proponer un programa plurianual.

En el primer caso, los proyectos seleccionados podrán ser financiados en un 100% con los fondos del IGTE. Para el segundo, el Gobierno ha renunciado a la exigencia que planteaba inicialmente y que obligaba a las administraciones locales a financiar el 50% del programa plurianual de actuaciones propuestas para su isla.

El Ejecutivo ha optado, en el caso de los programas plurianuales, por tener en cuenta la capacidad financiera de cada isla, de modo que Tenerife y Gran Canaria tendrán que financiar con sus recursos el 50% de lo que propongan por esa vía; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, el 20%; y La Gomera y El Hierro, solo el 10%.

El FDCAN financiará, como criterio general, «proyectos que contribuyan al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas» y que concuerden con sus tres ejes básicos.

El FDCAN arranca este mismo año, pero con criterios algo más flexibles respecto a 2016 en el reparto porcentual por ejes estratégicos, debido a que ya se ha consumido la mitad del ejercicio.

Su primera convocatoria abarcará, de hecho, dos años (2016 y 2017), estará dotada con 320 millones y solo admitirá proyectos que deberán estar completados al término de la legislatura, en 2019.

Currículos educativos

El Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma. Este texto, que recoge las aportaciones realizadas por el Consejo Escolar de Canarias, regula los elementos constitutivos del currículo básico, y lo hace, según el Ejecutivo, «atendiendo a las premisas de funcionalidad, competencialidad, inclusividad, equidad, calidad e integración curricular».