Agrupación Socialista Gomera (ASG) sumó hoy a todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias para mejorar la Sanidad en las islas no capitalinas, un objetivo que centró la Proposición no de Ley (PNL) de esta formación y en la que de manera concreta se insta a haya atención especializada en todos los hospitales.
Casimiro Curbelo, líder y portavoz de ASG, defendió la iniciativa, aprobada por unanimidad, y en la que se recoge la necesidad de poner en marcha un protocolo para asegurar la presencia de especialistas médicos en todas las islas. “Es más costoso para la Sanidad pagar traslados que completar las dotaciones en cada territorio”, apuntó en una apuesta por racionalizar el gasto público.
El representante de ASG aludió también a los gastos que deben soportar los residentes en las islas no capitalinas, y recordó que hay experiencias piloto en Lanzarote y Fuerteventura, que conviene extender a todas las islas para asegurar la atención sanitaria a la que todos los canarios sin distinción tienen derecho.
Y también existe la experiencia piloto de las consultas online para atención especializada, que se desarrolla en La Palma con grandes resultados”, añadió para después subrayar que la limitada atención que padece La Gomera, y que se traduce en listas de espera y saturación de los hospitales de referencia.
Apuntó que a 31 de diciembre de 2015, 599 gomeros estaban a la espera de su primera consulta de atención especializada; que el pasado año fueron trasladados desde el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera al Hospital de Nuestra Señora de Candelaria, 2.247 gomeros, y que en ese mismo ejercicio se realizaron 87 traslados en helicóptero de urgencias, lo que supuso un gasto de 226.640 euros.
“Si les hablo de La Gomera es porque es la isla que más conozco, pero el problema no sólo es de gomeros, también herreños, palmeros, majoreros y conejeros tienen el mismo problema”, afirmó durante la exposición que concluyó con la aprobación de la PNL, a la que hicieron aportaciones PSOE y CC, y el consiguiente mandato del Parlamento al Gobierno regional.
