La reunión de la CUP, celebrada en su sede, ha empezado a las 20.00 horas y el pronóstico es que, en el mejor de los casos, acabe sobre las 23.00 horas. En el encuentro participan 66 militantes de estos tres estamentos: los 10 diputados del Parlament, el Consejo Político y el secretariado nacional. Nadie se atrevió a hacer un vaticinio al estar las dos posiciones –la favorable al veto o la partidaria de levantarlo- muy igualadas. Antes de empezar la reunión, Generó dejó sentadas dos premisas: la voluntad de la organización de que sea la militancia la que decida, después de que tres asambleas, como es preceptivo en los Estatutos de la CUP, forzaran la revisión de la enmienda a la totalidad de las cuentas, y que “pase lo que pase” quieren seguir negociando con Junts pel Sí para lograr un proyecto de presupuestos mejor.
Generó, que ha asistido a la última reunión de la CUP con Puigdemont, ha ignorado el aviso del Ejecutivo catalán, que este mediodía ha reiterado que el mandato quedará tocado. “¿Consecuencias?”, se preguntó. “Estamos aquí para favorecer la independencia y no para cuestionar legislaturas”. La estrategia de los anticapitalistas es pasar página respecto al pacto de investidura y centrar su compromiso en la declaración del 9-N, que aprobaron en el Parlament con Junts pel Sí.
De hecho, los anticapitalistas mantienen su fidelidad a la resolución aprobada en la asamblea de Esparraguera que proclamó que se sentían “liberados” del pacto de estabilidad con Junts pel Sí, que les impedía en teoría alinearse con la oposición en los asuntos que afectaran al proceso. “El pacto nos liga a la declaración del 9-N, que se hizo en sede parlamentaria, que hablaba de ruptura, desobediencia y no hacer caso al Constitucional. Es el más firme y se hizo en sede parlamentaria”, sostuvo.
Poco antes de la reunión, el Gobierno catalán había hecho un último llamamiento para intentar convencer a la formación anticapitalista. La consejera portavoz,Neus Munté, ha insistido en los puntos esgrimidos en la última semana por el Ejecutivo cuando el consejero de Salud, Toni Comín, ha tomado la palabra y ha destacado que el veto “no beneficia el Govern”, sino que perjudica a “las personas más vulnerables de nuestro país”.
Comín intentaba proyectar sobre ciudadanos lo que el Ejecutivo catalán ha defendido desde el primer momento: que se trata de los Presupuestos más sociales de la historia de la Generalitat (en porcentajes respecto al conjunto de las cuentas, nunca en cifras absolutas). El titular de Sanidad también pretendía cargar sobre los hombros de la CUP las consecuencias de mantener prorrogados los Presupuestos de 2015.
La realidad, no obstante, es que el Gobierno de Puigdemont encara un escenario “incierto” del que no quiere hablar, porque le obligaría “a replantear las cosas” tanto en su día a día como en el del conjunto de la legislatura. El actual debate, el más serio de las relaciones entre Junts por el Sí y la CUP, ha creado dos tabúes. Uno es del plantear la retirada de los Presupuestos, tema del que Junts por el Sí no quiere ni oír hablar porque sería una muestra de su debilidad. El otro, el futuro del pacto con los anticapitalistas y la convocatoria de unas nuevas elecciones. Y esta respuesta, todavía más de fondo, es la que ha evitado este martes Munté después de reiteradas preguntas. La portavoz ha admitido que si la CUP mantiene la enmienda a la totalidad de los presupuestos “es evidente” que el pacto de ”estabilidad” de enero “se habría incumplido”.
Munté se ha limitado a afirmar que el escenario de los Presupuestos bloqueados “requeriría de una reflexión que replantee cuestiones de primer orden”. Desde el día a día del Ejecutivo catalán al futuro de la legislatura. Pero más allá de esto, elGovern evita especular sobre que sucederá después del consejo político que la CUP celebrará a partir de las siete de esta tarde.
