El Gobierno canario aprobó ayer un proyecto de ley de crédito extraordinario de 39,9 millones de euros para restituir a los empleados públicos el 25% de la paga extra de diciembre suprimida en 2012,abonar la prestación canaria de inserción (PCI) a quienes dejaron de percibirla en mayo y conceder ayudas de dependencia.
Así lo anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda,Rosa Dávila,quien aclaró que ese dinero no se consigna en virtud de un crédito solicitado por el Ejecutivo,sino por un incremento del techo de gasto resultante de la aplicación de un aumento de los ingresos derivado del sistema de financiación de 2013.
De los 39,9 millones de euros que se añadirán a las cuentas autonómicas del ejercicio de 2015 –cuando el Parlamento regional apruebe esta ley,para la que el Gobierno pide “la máxima diligencia” en su tramitación–,7,5 millones se destinarán a abonar la PCI a las personan que tenían derecho a ella y dejaron de recibirla en mayo de este año.
Otros 1,9 millones de euros se consignarán para aumentar la dotación de las ayudas de la dependencia,26 millones se abonarán a los funcionarios en la nómina de diciembre y otros 5 serán para cubrir insuficiencias del sistema en el Servicio Canario de Salud,fundamentalmente causadas por sustituciones en las urgencias.
Los 26 millones para los empleados públicos suponen una cuarta parte de la extra eliminada en 2012,con lo que el Ejecutivo completará la devolución del 50% del total. Un primer 25% ya fue abonado este año y la mitad restante lo será el próximo.
Sobre los 4,7 millones transferidos en 2009 a Canarias para la construcción de guarderías en el Archipiélago y que la Comunidad Autónoma ha de devolver al Estado,Dávila admitió que “ha habido una mala gestión”.
La consejera de Hacienda explicó que esos fondos estatales se recibieron a finales de 2009 y no fueron aplicados al objeto al que correspondían,lo que,según ha dicho,“no es una buena noticia”.
Dávila ha aseguró que el compromiso del Gobierno canario que preside Fernando Clavijo es “reintegrar una mala gestión” y “aprender de los errores para que esto no vuelva a ocurrir”.