El medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos,son temas recurrentes en los discursos políticos,pero que rara vez ven reflejo en los presupuestos generales de los Gobiernos (ya sean nacionales,autonómicos o locales e independientemente de su signo político).
Dentro de este apartado presupuestario se engloban acciones muy variadas entre ellas,las que competen a labores forestales y reforestación. Partida que se ve reducida casi a la nada,ya que no está determinada su cuantía y se prevé que ni se ejecute.
La escasez de presupuesto,que puede ser general a las instituciones,en cuestión de Medio Ambiente ha sido algo mantenido en el tiempo a pesar de la crisis,se une a la política de adjudicación de la inmensa mayoría de los presupuestos de las obras forestales a las empresas públicas. Entendemos,y para ello fueron creadas,que la función de la empresa pública es llenar un hueco cuando las empresas privadas no tienen presencia o capacidad suficiente para acometer proyectos,pero en ningún caso con exclusividad o favoritismo,sobre todo existiendo un sector privado capaz de abordar buena parte de las tareas que le son encomendadas a estas empresas públicas,y a precios competitivos.
Desde PROFOR Canarias hemos constatado también una competencia desleal,en los últimos años de crisis desde diversas empresas privadas,procedentes de sectores que poco o nada tienen que ver con la silvicultura,vienen recalando en concursos,e incluso son beneficiadas con adjudicaciones directas,con resultados en los trabajos francamente deficitarios.
¿es viable sustituir nuestras plantillas de médicos y enfermeros mediante planes de empleo para personal proveniente del sector de la construcción,servicios u otros? Pues de igual manera que los profesionales de la medicina garantizan la calidad de nuestro sistema de salud,los profesionales del medio ambiente garantizamos una adecuada gestión de nuestros ecosistemas naturales,de los cuales dependemos para vivir.
Desde PROFOR Canarias exigimos más rigor y control por parte de las Instituciones autonómicas,insulares y municipales en la distribución de los presupuestos,pero sobre todo en unos pliegos de adjudicación que premien el conocimiento de lo que se adjudica junto a otros criterios como pueden ser los económicos; y al seguimiento de lo adjudicado para garantizar la calidad de los servicios forestales y medioambientales.