El Congreso aprobó el martes la nueva Ley de Costas,en pura y dura aplicación de la mayoría absoluta del Partido Popular,sin admitir ni una sola modificación de fondo. Ana Oramas,única diputada canaria que intervino en el debate,logró colocar únicamente dos enmiendas de carácter técnico,mientras intentaba inútilmente explicar las dificultades de aplicación de un proyecto que condena e ilegaliza más de un centenar de asentamientos costeros en las Islas,muchos de ellos pueblos de pescadores perfectamente consolidados e incorporados al paisaje insular,y en los que -por estar a menos de cien metros del mar- quedan afectadas alrededor de 10.000 viviendas y decenas de miles de personas corren el riesgo de quedarse sin casa. No se trata de defender la impunidad de quienes construyen de forma abusiva al lado del mar. Pero es que la ley,que reforma la norma de 1988,sí permite salvarse a aquellos edificaciones que puedan acogerse a una concesión administrativa -que se amplia de 35 a 75 años- y que podría darse básicamente a empresas propietarias de hoteles y chiringuitos. No a ciudadanos y vecinos corrientes y molientes. En escasas ocasiones habrán leído de este escribidor el recurso al tradicional victimismo ante la falta de sensibilidad de Madrid con Canarias. Pero en esta ocasión es que es de libro. Canarias no existe para la Ley de Costas,como tampoco existe para la ley de Bases y para la mayoría de los proyectos que elabora y aprueba el Gobierno Rajoy.
El afán recentralizador del PP debería enfocarse a impedir que las autonomías puedan hacer de su capa un sayo en materia fiscal,no a dibujar un mapa del país uniforme,en el que las únicas excepciones son las que se aplican a la propia clientela. Y es que el proyecto del Gobierno,que aún ha de pasar por el Senado,ha incluido en su texto la deferencia de excluir del dominio público general hasta diez núcleos poblacionales de Galicia,Valencia,Cataluña y Andalucía,además de reducir en parte de las rías gallegas la servidumbre de protección desde los cien metros hasta los veinte,lo que salva miles de situaciones irregulares perfectamente integradas en la costa de Galicia. Además,el proyecto aprobado ayer como ley por el Congreso establece una fórmula excepcional de deslinde para la isla de Formentera,en Baleares,“atendiendo a su especial configuración geográfica”. Pero no hay ninguna excepción similar para Canarias,a pesar de Oramas. Ni un solo núcleo canario ha quedado excluido o visto reducida la servidumbre de los cien metros.
