El Comité Permanente de Coalición Canaria ha mostrado su posición en contra de la nueva Ley de Bases de Régimen Local que pretende aprobar el Gobierno de España porque “el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,que es como se ha llamado al documento,desnaturaliza el papel fundamental que juegan los ayuntamientos como institución más próxima a los ciudadanos,la primera que recibe sus demandas y la primera en atenderlas,una realidad y una función que en todos los municipios la crisis confirma día a día”,explica el secretario general de Coalición Canaria,José Miguel Barragán.
“No estamos de acuerdo con que los ayuntamientos pierdan su principal función,que es el contacto directo con los ciudadanos,una labor necesaria y que fomenta la relación directa entre el ciudadano con los políticos a los que elige,es decir,potencia la democracia”,asegura Barragán.
El secretario general de Coalición Canaria añade que esto no quiere decir que se discuta la necesidad de una reordenación municipal,“pero ésta ha de incidir sobre las competencias,sobre los servicios que se prestan a los ciudadanos y sobre la organización administrativa,una reforma que asegure la sostenibilidad financiera,que sea respetuosa con la autonomía local y,lo que es más importante,que garantice una mejor atención a los vecinos,de más calidad y menos costosa”.
Para José Miguel Barragán,sin embargo,las propuestas que contiene la nueva Ley poco tienen que ver con esos objetivos. “La nueva norma mantiene el reparto competencial de siempre sin que se haya realizado la tarea de reconsiderar de qué asuntos deben ocuparse los municipios en el siglo XXI,es decir,qué competencias y qué servicios deben prestar en beneficio de los vecinos,y con qué medios deben contar”,afirma el secretario general de CC quien añade que,“por el contrario,la nueva norma se limita a establecer una fórmula para vaciar de competencias a los municipios y centralizarlas en administraciones superiores con el argumento infundado de lograr una mayor eficacia”.
Una de las cuestiones que el Comité Permanente de CC cuestionó durante su análisis del anteproyecto es el hecho de que se trate de diferente manera a los municipios en función de si superan o no los 20.000 habitantes. “Mientras los menores de 20.000 habitantes perderán competencias en favor de los cabildos si incumplen ciertos estándares de calidad,los de más de 20.000 habitantes podrán incumplirlos sin problemas”.
“La diferencia de trato es injustificada; el límite de población,arbitrario; la propuesta es contraria a la autonomía local y,lo más importante,se obvia quizás por desconocimiento el papel fundamental de atención a los vecinos que vienen desempeñando los municipios de menos de 20.000 habitantes de acercar los servicios a quienes residen en esas localidades”.
Según explica el secretario general de CC,a esto se suma que,“con la excusa de la sostenibilidad financiera,el Gobierno de España,una vez más,ahonda en la centralización competencial en una vuelta a la tutela estatal preconstitucional que vulnera las competencias de las comunidades autónomas pero,sobre todo,la autonomía de los municipios como entidades públicas”.
José Miguel Barragán explicó que,además,el anteproyecto se ha elaborado sin tener en cuenta las especificidades de Canarias al limitarse a equiparar la provincia con la isla y la diputación con el cabildo insular. “Se desconocen las circunstancias territoriales,sociales e institucionales que concurren en el archipiélago”. “El objetivo del equilibrio presupuestario y la suficiencia financiera de la administración municipal”,asegura,“no es causa suficiente para ignorar esta realidad ni tampoco es incompatible con el mismo un régimen especial que responda a la realidad insular”.
Por este motivo,“el Comité Permanente de Coalición Canaria cree imprescindible que la nueva norma atienda a estas especificidades en los términos en los que ha apuntado la Federación Canaria de Municipios (Fecam)”.
Para terminar,el secretario general de Coalición Canaria insiste en que el Comité Permanente reconoce que “ha de reorganizarse la administración pública en aras de una mayor eficacia y eficiencia pero esa necesidad no puede servir de excusa para la centralización de competencias,para la tutela estatal directa de los municipios ni tampoco para alejar las decisiones y los servicios públicos de los ciudadanos,tal y como hace el Anteproyecto de Ley de Reforma del Régimen Local”.
