El martes 18 de julio el Ministro de Educación,Cultura y Deportes presentó a las Comunidades Autónomas un documento que,probablemente,será la segunda contrarreforma educativa del Partido Popular. Las modificaciones anunciadas cambian sustancialmente lo que el Presidente del Gobierno y el Ministro estuvieron anunciando previamente: ampliar tanto el bachillerato y la formación profesional a tres años en vez de los dos actuales. No habrá aumento de tres años en el Bachillerato,ni en el Formación Profesional (un compromiso más del gobierno que se quedará sin cumplir). Sin embargo,los cambios que se anuncian no son superficiales. Poseen gran calado y pueden modificar en profundidad las bases del sistema educativo construido en España tras la transición a la democracia.
La propuesta incluye una valoración del sistema educativo basada en sus fortalezas y sus debilidades. En esta valoración se ignoran dos hechos relevantes: 1) que el sistema actual es uno de los sistemas más equitativos y 2) que España es el país que más ha mejorado su sistema educativo en los últimos cincuenta años. Pero,con ser grave la valoración sesgada que se realiza del sistema educativo actual,es más grave aún que esa valoración no incluya ni amenazas,ni oportunidades. Esta ausencia es significativa por cuanto el documento se desarrolla en una descontextualización completa de las circunstancias reales en las que se mueve la propuesta.
La propuesta ministerial define siete objetivos que se pueden dividir en dos categorías (aunque en el documento no se hace esta distinción y se sitúan todos en el mismo nivel): objetivos finalistas y objetivos instrumentales. Los cambios más importantes que el Partido Popular quiere introducir en el sistema educativo son los siguientes:
• Simplificar el currículo reduciendo materias optativas y modalidades,a la vez que se aumenta el horario lectivo de materias instrumentales.
• Fomentar el agrupamiento homogéneos de los alumnos creando tres vías alternativas: la vía normalizada,los programas de mejorar y los programas de cualificación profesional.
• Mejorar la empleabilidad facilitando el acceso temprano a la formación profesional,a través de programas de cualificación profesional y la promoción a los distintos niveles de FP mediante pruebas de acceso realizadas en el propio centro.
• Controlar exhaustivamente los rendimientos obtenidos en los aprendizajes incorporando exámenes de revalida al finalizar la etapa primaria y secundaria.
• Conferir más autonomía a los directivos de centros y facilitar la especialización de los centros según el currículo,según su funcionamiento o “tipología de los alumnos”.
• Reducir la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros,convirtiendo los consejos escolares en órganos consultivos.
• Potenciar el uso de las TIC para el reforzar y apoyar el aprendizaje.
• Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras utilizando el propio idioma como lengua vehicular y creando una especialización en los centros.
Tiempo habrá para analizar con detenimiento cada uno de estos cambios,por eso quiero centrar mi atención en uno de ellos: los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). A mi juicio este cambio ilustra mejor que ninguno,el terrible dilema en el que quiere encerrarnos el Partido Popular: calidad o equidad.
Esta es la cuestión: el Partido Popular se propone como objetivo aumentar la tasa de alumnos excelentes del 3% al 8%,aunque para ello haya que excluir a miles de alumnos de la posibilidad de obtener el título de graduado en educación secundaria y segregar a otros tantos a través de grupos que cursan programas de mejora.
Los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) no conducirán en ninguno de los casos a la obtención del título de la ESO,pese a que todos los estudiantes deberán permanecer en ellos dos años (14-16).
Diferentes apartados del documento ayudan a comprender mejor el razonamiento que justifica esta decisión y que deja en evidencia,como nunca hasta ahora,el modo en que el nuevo sistema educativo castigará a los más desfavorecidos.
1.- En el documento s e reconoce que la población que abandona el sistema educativo sin nivel de educación secundaria obligatoria,se enfrenta a graves dificultades para incorporarse y mantenerse en el mercado de trabajo así como a limitaciones para desarrollarse en la sociedad como ciudadanos con plenas posibilidades (pág. 8)
2.- Sin embargo,se propone la creación de programas de cualificación profesional de 2 años (14-16) para alumnos con dificultades de adaptación o situación socioeconómica desfavorable (pag.9). Esta última circunstancia (la condición socio-económica) fue suprimida del texto el mismo día 12 a instancias de diferentes responsables autonómicos ante la gravedad de lo que implica. Supone que a un alumno de 14 años se le cierran las puertas para acceder al título de la ESO por las dificultades que se derivan de la posición económica desfavorecida de su familia. Esto supondría retrotraernos a sistemas anteriores a los de la Ley de Villar Palasí de 1970,en pleno franquismo.
3.- La finalidad de los programas de cualificación profesional ya no es obtener el título de ESO sino preparar al alumno para el mercado de trabajo y ofrecerle una mínima cualificación profesional. (pág. 13)
Con estas premisas es fácil concluir lo siguiente:
4.- Los nuevos programas de cualificación profesional condenarán a miles de estudiantes,con dificultades y/o pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos,a ser mano de obra barata durante la mayor parte de su vida.
Pues bien,si tenemos en cuenta que en Canarias cerca de 4.000 alumnos cursaron PCPI en este curso escolar 2011/2012 parece evidente que los cambios que anuncia el Ministerio de Educación,Cultura y Deportes sólo pueden ser considerados como una verdadera contrarreforma educativa: las dificultades de los más débiles alimentarán las ventajas de los más fuertes.
Es muy significativo que se pretenda esta clase de contrarreforma en un contexto de enorme desplome de los recursos para educación. El Real Decreto de pasado mes de abril supuso para el Ministerio una disminución de más de 3900 millones de euros para la educación en España. Se puede calcular que el conjunto de la disminución prevista se salde con un punto menos del PIB para el peso presupuestario del sistema educativo. El propio Ministro afirma que la reforma no tendrá coste en los tres primeros años de su implantación. A partir del cuarto y tuviera éxito el coste total sería de unos 300 o 400 millones de euros. ¿Alguien puede creer en serio que una reforma sólida se acometa con estas cifras?.
En el documento se hace patente que el Gobierno carece de una sólida alternativa al actual sistema educativo que nos permita mejora su eficacia combinando calidad y equidad. Todo parece indicar que el Gobierno de Rajoy pretende utilizar su mayoría parlamentaria para darle una segunda oportunidad a medidas que se incluyeron en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) y que fueron rechazadas por la ciudadanía. No hay voluntad de resolver los problemas ni mejorar nuestro sistema educativo. Lo que se pretende es imponer una concepción de la educación que ya obtuvo el rechazo de toda la sociedad.
