Las Corporaciones insulares,reunidas esta semana en la Comisión General de Cabildos del Parlamento,hemos acordado ceder parte de la recaudación del IGIC al Gobierno canario,pues los Ayuntamientos y Cabildos somos cotitulares de este impuesto,y lo hemos hecho para que el Gobierno de Canarias pueda hacer frente al recorte del Gobierno de España con las islas.
El Ejecutivo del PP no sólo rebaja las aportaciones del Estado a nuestro Archipiélago,sino que también obliga a reducir 800 millones de euros del presupuesto regional,limitando así la capacidad de maniobra del Gobierno autonómico y,por tanto,las opciones para mantener los servicios públicos básicos o hacer frente al paro que,de todos es sabido,constituye hoy el principal problema social y la preocupación más importante de los ciudadanos.
Los Ayuntamientos y Cabildos de Canarias hemos sido solidarios y responsables para que el Gobierno atienda los servicios esenciales como la sanidad,la educación y los servicios sociales con la mayor eficacia en momentos difíciles.
Obligados a adoptar soluciones difíciles,pero irremediables no sólo para cumplir el objetivo del déficit marcado por el Estado,sino también para evitar que la Comunidad Autónoma sea intervenida,tenemos que dejar de lado los intereses particulares y hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para intentar mantener el estado del bienestar,aunque ello suponga la renuncia a recursos,que nunca sobran en ninguna administración pública,pero menos aún en estos tiempos de dificultades.
No se entiende,por tanto,el rechazo al Plan de ajuste canario que han protagonizado los representantes regionales del Partido Popular,quienes parecen no creer en las posibilidades que tienen las administraciones públicas de generar empleo. Muy al contrario,y pese a la necesidad de hacer algún ajuste y corregir errores,las corporaciones locales no hemos dudado en ceder hasta 2016 parte de la recaudación de los ingresos adicionales que por Ley nos corresponden por la subida del IGIC.
El Gobierno de España no quiere concierto entre las corporaciones locales para que puedan crear empleo,de ahí que haya una reducción de veinte millones de euros a ocho millones para la contratación de desempleados en los municipios de menos de 95.000 habitantes y 3,5 millones para los de más de 35.000 habitantes en unos momentos tan duros para la población,lo que significa un verdadero problema ante una grave situación de emergencia social.
El Cabildo de La Gomera planteó una preocupación importante en relación al plan especial de empleo para ponerlo en marcha y combatir,así,las altas tasas de desempleo. Es importante destinar más recursos para crear puestos de trabajo para los más de 293.000 parados que existen en Canarias,pero,en este sentido,el Partido Popular no cree en las posibilidades que tienen las administraciones públicas en generar empleo ya que,según su portavoz de la comisión,su partido no está en la línea de crear clientelismo.
Es imprescindible,igualmente,que apostemos por las islas periféricas para apelar el principio de igualdad entre todos los isleños,pues no es de recibo que los canarios residentes en islas menores como en La Gomera tengan aún más dificultades que los que viven en Tenerife o Gran Canaria para acceder a la atención médica especializada o a los programas de formación superior,tal y como está sucediendo en la actualidad.
Se debe aplicar de manera rigurosa y efectiva el principio de igualdad con las islas periféricas,de modo que evitemos que la terrible crisis que padecemos no acabe por ahondar aún más la brecha de la doble y hasta la triple insularidad que padecemos los que no vivimos en las islas capitalinas. El acceso a los servicios públicos básicos,sobre todo a la sanidad o la educación,tiene que ser universales e iguales para todas y todos los canarios. Es por ello importante pedir a todos los partidos políticos unidad de acción para ayudar a los más necesitados,sobre todo,a los desempleados.
