La aprobación de la nueva Ley de Cabildos Insulares representa un paso importante para actualizar el papel de unas instituciones que han sido, durante más de un siglo, la administración muy cercana a la ciudadanía. Los cabildos no son una pieza secundaria del sistema institucional canario; son, en muchas ocasiones, la primera puerta a la que llaman los vecinos cuando necesitan una respuesta ágil y directa y adaptada.
Por eso, avanzar en una nueva regulación que refuerce su autonomía, en su doble condición como administración autonómica y local, mejore la seguridad jurídica y adapte sus competencias al Estatuto de Autonomía de 2018 es una buena noticia para Canarias. También lo es que se incorporen materias tan sensibles como la vivienda, la igualdad, la inclusión social o las residencias de estudiantes, porque son ámbitos que inciden directamente en la vida diaria de la gente.
Ahora bien, esta ley no puede ser entendida como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Canarias sigue teniendo un reto pendiente: corregir las desigualdades territoriales que sufren las islas no capitalinas. La doble y la triple insularidad no son conceptos teóricos; son realidades que encarecen servicios, dificultan oportunidades, condicionan el crecimiento económico y limitan la capacidad de muchas familias y empresas para competir en igualdad de condiciones.
Durante décadas, buena parte de la actividad administrativa, institucional y económica se ha concentrado en las islas capitalinas. No se trata de formular reproches, sino de reconocer una evidencia y actuar en consecuencia. Si queremos una Canarias verdaderamente cohesionada, debemos acercar la capacidad de decisión a cada isla, transferir competencias de forma responsable y dotar a los cabildos de los recursos necesarios para ejercerlas con eficacia.
La descentralización debe ser gradual, inteligente y útil para mejorar la gestión pública y de garantizar que las decisiones se adopten lo más cerca posible de quienes padecen los problemas. La realidad de La Gomera, El Hierro o La Palma no siempre puede resolverse desde una mirada centralizada.
Del mismo modo, es imprescindible abrir el debate sobre una fiscalidad singular para las islas no capitalinas. Sin instrumentos específicos, seguiremos reproduciendo las mismas desventajas demográficas, económicas y sociales. El Fondo de Solidaridad Interinsular es un avance, pero no basta por sí solo para corregir los desequilibrios acumulados durante años.
Fortalecer los cabildos es fortalecer Canarias. Y fortalecer Canarias significa garantizar que vivir en una isla no capitalina no suponga tener menos oportunidades, menos servicios o menos futuro. Esa debe ser la ambición compartida de esta nueva etapa.
