Las administraciones públicas canarias hemos alcanzado esta semana un acuerdo que pone de manifiesto la solidaridad de Cabildos y Ayuntamientos y que no tiene precedentes en la historia de nuestro Archipiélago. El objetivo es asegurar la financiación de servicios básicos como la sanidad,la educación y los servicios sociales a los que tienen derecho los residentes en nuestras Islas y que,pese a los recortes presupuestarios que ha traído consigo la crisis,no deben sufrir ninguna merma.
Lejos de disminuir las necesidades de la población han aumentado con la crisis,igual que ha cobrado una mayor importancia el respaldo público a la educación y a la atención sanitaria,para que podamos contar con una generación joven capaz de afrontar los retos sociales y para que ningún ciudadano se quede desatendido.
Conscientes de esta realidad,las Corporaciones locales han decidido ceder al Gobierno canario la mitad de los recursos que por Ley les corresponden de la subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),aprobada hace dos semanas por el Ejecutivo para hacer frente y compensar la excesiva reducción de los ingresos que el Estado aportará a las Islas en función de lo dispuesto en los Presupuestos Generales. El Gobierno del Estado,que parece no tener en cuenta el interés general ni las necesidades de las personas,ha colocado a Canarias en una situación muy complicada,ante la que se hacía imprescindible alcanzar un consenso.
La Reforma Fiscal afecta a las grandes superficies comerciales,a los depósitos en las entidades financieras,a las bonificaciones fiscales que hasta ahora disponía la telefonía fija y móvil,al impuesto sobre el combustible,al impuesto de sucesiones y donaciones,así como al tramo de IRPF que pasa del 21,5 al 22,58 en rentas superiores a 53.000 euros al año. Asimismo,también a los tipos impositivos del IGIC que son recursos de los que se nutren los Ayuntamientos y Cabildos,en los porcentajes del 58 por ciento para Ayuntamientos y Cabildos,y el 42 por ciento para el Gobierno de Canarias. En esta distribución del incremento impositivo de los distintos tramos del IGIC llevábamos días manteniendo discrepancias porque el Gobierno quería todo lo recaudado para sí mismo. Por ello,previa convocatoria del presidente del Gobierno de Canarias a la Fecam y a la Fecai,se llegó a un acuerdo y,tanto Ayuntamientos como Cabildos,hemos sido solidarios y hemos cedido buena parte de esos recursos al Gobierno de Canarias para atender la sanidad,la educación y los servicios sociales puesto que el Estado deja de ingresar a la Comunidad Autónoma de Canarias 1.400 millones de euros.
Esta cesión de recursos es una medida excepcional,y provisional,que afecta a la Ley 9/2003,de 3 de abril,de medidas tributarias y haciendas territoriales de Canarias,por lo que se trata de un acto solidario que no tiene precedentes en los Cabildos y Ayuntamientos y que sirve para mejorar las expectativas económicas.
Entre 2012,segunda mitad,y el año 2017 seremos solidarios con la sanidad,la educación y los servicios sociales en un porcentaje del incremento del tipo del IGIC. En este sentido,en 2012,los Cabildos y Ayuntamientos recibirán el 52,16 por ciento de lo recaudado,es decir,31,65 millones de euros. En 2013,el 41,8 por ciento; en 2014 el 25 por ciento de lo recaudado; en 2015 el 36 por ciento; en 2016 el 45 por ciento y en 2017 el 58 por ciento.
El año 2015 evalúa la situación económica de Canarias y se realizan los porcentajes y,el día 1 de enero de 2016,volveremos a aplicar la fórmula del 58 por ciento para Cabildos y Ayuntamientos,y el 42 por ciento para el Gobierno,del mismo modo que tampoco vamos a renunciar en esas fechas modificar la Ley 9/2003 para que los recursos del REF se distribuyan en la fórmula 70 por ciento para Cabildos y Ayuntamientos y el 30 por ciento para el Gobierno.
Hemos cedido para que sea posible alcanzar el equilibrio en las cuentas de las tres administraciones públicas canarias,conscientes de que los perjudicados de cualquier conflicto siempre iban a ser los ciudadanos. No se puede dejar de tener presente que las Corporaciones locales son la primera puerta a la que llaman las vecinas y los vecinos de nuestras Islas cuando tienen que resolver algún problema. Conviene,por tanto,que estas instituciones mantengan su capacidad de respuesta y atención,pero conviene sobre todo,como ya se ha apuntado,que no haya marcha atrás en los servicios básicos y,en consecuencia,hemos actuado los presidentes insulares y los alcaldes.
La Cámara regional debe respaldar la reforma fiscal y los pactos alcanzados por las partes para hacer frente a la delicada situación económica que tiene Canarias,unos pactos que nos obligan a todos a ceder un poco,y en los que no sólo incluye la referida cesión de derechos de las Corporaciones locales,sino también la garantía de ingresos del Fondo Canario de Financiación Municipal por parte del Ejecutivo regional.
