Los hechos se remontan al temporal de principios de año 2010 cuando presuntamente los agentes ahora sancionados, durante una situación de alerta máxima determinada por la Dirección General de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias,en una situación de riesgo para las personas y sus bienes,hicieron caso omiso de las órdenes de sus superiores de estar localizables.
En el proceso se ha tenido en cuenta lo establecido por la Ley de Coordinación de Polícia de Canarias de acuerdo a la proporcionalidad de las sanciones con la intencionalidad de los hechos y la trascendencia para la seguridad pública.
