Julio Cruz recalca que aunque los ciudadanos sin medios económicos tienen derecho a la justicia gratuita,el turno de oficio supone un gran desembolso a las arcas públicas canarias para pagar a los abogados el servicio prestado,y subraya que los gomeros tienen los mismos derechos que los residentes en otras Islas.
El diputado socialista relata que de la inmensa mayoría de los 56 abogados inscritos en el turno de oficio de La Gomera no reside ni tiene despacho abierto en la Isla,y recuerda que los ciudadanos que solicitan este servicio no tienen recursos ni porqué desplazarse a Tenerife para que les atienda el letrado de turno. “Tienen derecho a que se les atienda correctamente y durante el tiempo que dura el pleito en su propia Isla”,agrega.
“Muchos ciudadanos renuncian a su derecho a la asistencia jurídica gratuita porque no reciben la adecuada prestación por parte de los profesionales,que no pueden ofrecer un servicio eficiente y de calidad residiendo en otra Isla”,enfatiza Julio Cruz,quien resalta que este déficit en la ayuda es reconocido por el Ejecutivo Canario,al que solicita contundencia para resolver las carencias existentes.
Señala que si bien el turno de asistencia gratuita al detenido está cubierto en el juzgado,posteriormente,en la mayoría de los casos,éste debe esperar al menos seis meses para que le vuelta a atender el mismo letrado,dado que el turno rota entre los 56 abogados inscritos.
Además,Julio Cruz destaca que en la jurisdicción civil ordinaria,cuyos trámites duran meses,no se garantiza la asistencia previa ni posterior al proceso porque el letrado no está ni tiene despacho abierto en la Isla. “El derecho del ciudadano de La Gomera es el mismo que el de aquel que vive en la calle Castillo de la capital tinerfeña”,apostilla.
El parlamentario socialista señala que la mayoría de los abogados se inscriben para prestar el servicio jurídico gratuito por cuestiones meramente económicas,pero no tienen despacho,continuidad ni relación con la isla ni con los ciudadanos que demandan esta asistencia.
Julio Cruz reclama responsabilidad para que el Gobierno canario en común acuerdo con el colegio de abogados correspondiente garantice una asistencia eficiente,continuada y de calidad a los ciudadanos de la Gomera.
Además,recuerda que el Ejecutivo canario ha reconocido problemas en el funcionamiento del servicio de justicia gratuita así como conversaciones con el colegio profesional de Santa Cruz de Tenerife para afrontar la situación actual.