La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este martes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello Formoso, quien hizo entrega de la Memoria de 2025 de la institución, un documento que recoge la situación de la Administración de Justicia en las islas y sus principales necesidades y retos.
Durante el encuentro, Avello Formoso destacó que la elaboración y presentación de esta Memoria responde al compromiso de una institución que está al servicio de la ciudadanía y que debe explicar cada año a los ciudadanos la labor que desarrolla. En este sentido, señaló que el Parlamento de Canarias constituye el espacio natural para trasladar este balance, al ser la institución cuyos representantes son elegidos directamente por la ciudadanía.
La presidenta del Parlamento agradeció al presidente del TSJC la entrega de la Memoria y subrayó la importancia de que las instituciones mantengan una comunicación permanente sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. “La Justicia es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y conocer de primera mano su situación, sus necesidades y sus retos es imprescindible para que desde las instituciones podamos seguir trabajando para mejorar la respuesta que reciben los ciudadanos”, señaló Astrid Pérez.
Avello Formoso explicó que la Memoria ofrece una “foto fija” de la situación de la Justicia en Canarias y puso el acento en el elevado índice de litigiosidad que registra el Archipiélago, que se sitúa entre los más altos del país. A esta circunstancia se suma, según explicó, un número de jueces por habitante inferior a la media nacional.
No obstante, destacó también el esfuerzo realizado por los órganos judiciales de Canarias, que presentan uno de los mayores índices de resolución de asuntos entre los jueces españoles. “Damos una respuesta dentro de nuestras capacidades”, señaló el presidente del TSJC, quien incidió en que la Justicia no puede permitirse que los procedimientos se prolonguen excesivamente, aunque las posibilidades de respuesta están condicionadas por los recursos disponibles.
Entre las medidas planteadas para reducir la litigiosidad, Avello Formoso reclamó una mayor claridad en las normas y defendió la necesidad de reforzar la inversión en Justicia. En este sentido, señaló que incrementar los recursos destinados a la Administración de Justicia supone también invertir en seguridad jurídica y en el desarrollo económico de Canarias.
El presidente del TSJC señaló asimismo que la litigiosidad ha aumentado en distintos ámbitos y se refirió especialmente a la vivienda y a la necesidad de preservar la seguridad jurídica. Explicó que esa falta de seguridad jurídica puede provocar que propietarios abandonen el mercado, reduciendo la oferta disponible, y advirtió de que cualquier modificación normativa puede generar consecuencias relevantes sobre la realidad económica y social.
En este contexto, defendió la necesidad de actuar con prudencia a la hora de legislar y de evitar que las normas se elaboren como respuesta inmediata a situaciones sociales concretas. A su juicio, “no se puede legislar en caliente”, ya que las decisiones legislativas pueden producir efectos importantes y prolongados en el tiempo.
