El archipiélago canario vendió 99144 turismos de segunda mano durante 2025, un 1.6 por ciento más que el año anterior según datos de la asociación nacional de distribuidores. A nivel nacional se vendieron casi dos autos usados por cada auto nuevo, y más de la mitad de esas operaciones correspondían a vehículos con más de diez años de antigüedad. Son cifras que describen un mercado donde el auto usado no es la segunda opción sino la primera, y donde la antigüedad del parque circulante empuja a muchos compradores hacia vehículos que han pasado por varias manos antes de llegar a la suya. En las islas ese patrón se amplifica por una razón fiscal que cualquier residente canario conoce bien. Canarias está fuera del territorio IVA de la Unión Europea y aplica el IGIC en lugar del impuesto peninsular, lo que significa que un turismo de hasta 11 caballos fiscales tributa al 9.5 por ciento y uno que supera esa cifra paga un tipo incrementado que según la fuente consultada oscila entre el 13.5 y el 15 por ciento, frente al 21 por ciento de IVA que se pagaría en la península. Los vehículos eléctricos e híbridos tributan al cero por ciento. La diferencia no es menor. Un auto de 25000 euros que en la península llevaría unos 5250 euros de IVA, en Canarias al 9.5 por ciento de IGIC pagaría unos 2375 euros. Ese diferencial es la razón real por la que a muchos compradores canarios les compensa importar desde la península o desde otros países europeos, y es también la razón por la que una proporción considerable de los autos usados que circulan en las islas ha cruzado al menos una frontera antes de llegar al comprador final.
El problema es que cada vez que un auto cruza una frontera, la probabilidad de que su odómetro haya sido manipulado se multiplica. El Parlamento Europeo estimó en 2018 que entre el 30 y el 50 por ciento de los autos usados comercializados a través de fronteras de la UE tienen el odómetro alterado, y nadie en la industria cree que esa cifra haya bajado desde entonces. Un estudio de una firma europea de datos vehiculares publicado en enero de 2026 determinó que los vehículos importados revisados en Alemania tenían cinco veces más probabilidades de estar trucados que los vendidos internamente, y Alemania es precisamente uno de los principales mercados de origen para los autos usados que terminan en España. Para Canarias esto se traduce en una exposición doble, porque el auto que llega a La Gomera o a Tenerife desde la península ya pudo haber sido importado previamente desde Alemania, Francia o Bélgica, acumulando dos o tres saltos de mercado en los que el kilometraje no viaja con el vehículo de forma verificable.
El trámite de importación a Canarias exige presentar un DUA ante la Agencia Tributaria Canaria a través de la plataforma VEXCAN, pagar el IGIC correspondiente y liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 5.5 por ciento del valor fiscal si la compra es entre particulares. Ese proceso verifica la situación fiscal del vehículo pero no verifica su kilometraje ni su historial de daños. Un auto puede pasar por aduanas con toda la documentación en regla y llevar 50000 kilómetros borrados del odómetro sin que ningún filtro administrativo lo detecte. Las inspecciones de ITV registran el kilometraje en cada visita, pero un auto que llega del extranjero con su primera ITV canaria mostrando 70000 kilómetros no tiene registro previo doméstico que lo contradiga, y no existe una base de datos europea centralizada que permita a un comprador en San Sebastián de La Gomera verificar qué mostraba ese mismo auto en una estación de inspección en Stuttgart o Bruselas tres años antes. Los datos de plataformas de informe de historial vehicular sobre vehículos importados siguen mostrando el mismo patrón, donde el kilometraje registrado en el país de origen no coincide con lo que muestra el auto cuando llega a destino, y la diferencia va casi siempre en la misma dirección.
Los números a nivel español dan una idea de la magnitud. Según datos de un proveedor de diagnóstico vehicular, aproximadamente uno de cada doce autos usados vendidos en España tiene el odómetro manipulado. Un análisis de otra firma de datos vehiculares que cubrió de abril de 2025 a marzo de 2026 situó la cifra en 4.1 por ciento de todos los vehículos analizados en el país, con un promedio de 55900 kilómetros borrados de cada auto trucado, y los compradores españoles pagan de más entre un 20.5 y un 26.1 por ciento en promedio cuando adquieren un vehículo con kilometraje falsificado dependiendo del estudio que se consulte. El costo anual total del fraude de odómetro en España supera los 167 millones de euros según estimaciones de la industria, y a nivel europeo la cifra se sitúa en torno a los 5300 millones de euros al año. Además del kilometraje, el 36.4 por ciento de los vehículos usados revisados en España mostraba daño previo no declarado, con costos de reparación promedio de alrededor de 5179 euros. En un mercado insular donde la oferta local de usados es limitada y muchas compras se realizan a distancia desde Tenerife, Gran Canaria o la península sin inspección física previa, esos porcentajes deberían preocupar más de lo que aparentemente preocupan.
La legislación española trata la manipulación de odómetro como estafa bajo el Artículo 248 del Código Penal cuando se realiza con intención de defraudar, con penas de seis meses a tres años de prisión, pero no existe un delito autónomo para el acto de manipulación en sí. El Parlamento Europeo señaló que el fraude de odómetro sigue siendo un delito autónomo en solo seis estados miembros de la UE, lo cual significa que el efecto disuasorio legal varía enormemente dependiendo de dónde ocurre la manipulación, y en la mayoría de los casos ocurre en algún lugar distinto al país donde el auto termina siendo vendido. A nivel de la UE se está debatiendo una reforma que incluiría la creación de bases de datos nacionales de kilometraje y la obligación de las estaciones de inspección técnica de reportar discrepancias, pero mientras eso se concreta el comprador canario que adquiere un auto importado sigue dependiendo de su propia diligencia para detectar un odómetro trucado. La mecánica del fraude tampoco ayuda a la detección. Un club automovilístico español documentó hace años que la manipulación se reduce a conectar un dispositivo al puerto OBD del vehículo y ejecutar un software comercial que se consigue en línea por menos de cien euros, y desde entonces el procedimiento no ha cambiado en lo sustancial.
La realidad del mercado canario es que un comprador en una isla pequeña como La Gomera o El Hierro tiene opciones locales muy limitadas y termina comprando a distancia con frecuencia, ya sea a un vendedor en Tenerife, en Las Palmas o directamente en la península. Cada uno de esos escenarios es funcionalmente una transacción transfronteriza desde el punto de vista de la verificación, porque los registros de kilometraje no se consolidan automáticamente entre comunidades autónomas y mucho menos entre países. Bélgica y los Países Bajos llevan años haciendo verificaciones de kilometraje durante controles policiales de tránsito, algo que organizaciones automovilísticas españolas han recomendado durante más de una década sin que nadie haya actuado al respecto. El DUA canario verifica impuestos. Lo que no verifica es si los 65000 kilómetros que marca el cuadro de instrumentos son reales o si alguien los puso ahí con un portátil y quince minutos de trabajo.
