El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, avanzar desde una política centrada en responder a las emergencias hacia una estrategia estable de seguridad hídrica que permita anticiparse a las sequías, reducir las pérdidas de las redes y garantizar agua suficiente, de calidad y a un precio asumible en todas las islas.
Durante la comparecencia del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, solicitada por ASG para abordar las medidas destinadas a ampliar los recursos hídricos del Archipiélago, Ramos recordó la especial vulnerabilidad de Canarias ante el cambio climático, la irregularidad de las precipitaciones y el aumento de la demanda, al que contribuyen los cerca de 20 millones de turistas que reciben las islas cada año.
El parlamentario de ASG incidió en que las emergencias hídricas declaradas desde 2023 en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife demostraron que “no podemos dar el agua por garantizada” y defendió que Canarias debe “pasar de gestionar emergencias a garantizar la seguridad hídrica”. Lanzarote, recordó, continúa afrontando dificultades estructurales, mientras Tenerife y Fuerteventura ya han podido salir de esa situación.
Ramos valoró las alrededor de veinte obras hidráulicas actualmente en ejecución, con más de 60 millones de euros de fondos propios del Gobierno de Canarias, y destacó como ejemplo la remodelación de la desaladora de La Restinga, en El Hierro. La actuación, con una inversión de 1,1 millones, permitirá elevar la producción de unos 2.200 a 3.000 metros cúbicos diarios, aproximadamente un 36% más.
No obstante, pidió reforzar la planificación y propuso elaborar un Programa Canario de Seguridad Hídrica 2027-2035 que determine las actuaciones prioritarias, su calendario, financiación, capacidad adicional prevista y grado de ejecución. “Deberíamos dejar de pasar únicamente de medir obras y deberíamos medir los resultados”, sostuvo.
En la misma línea, planteó crear un cuadro de mando público que permita conocer la capacidad real de desalación, el volumen de agua depurada y reutilizada, el consumo energético, las inversiones ejecutadas, los plazos y las pérdidas de las redes. “Evaluar no significa cuestionar; evaluar significa mejorar”, afirmó.
El portavoz adjunto de ASG alertó especialmente de que en algunos municipios las pérdidas de las redes de abastecimiento “llegan incluso por encima del 50%” y reclamó apoyo financiero y técnico para que los pequeños municipios y los núcleos rurales puedan renovar conducciones, modernizar sus sistemas y elaborar los proyectos necesarios.
También defendió acelerar los tratamientos terciarios y las redes de distribución de agua regenerada, especialmente para el sector primario. “La política hidráulica es también política agraria, política económica y también soberanía alimentaria”, subrayó.
Por último, Ramos reclamó recuperar un convenio estable de infraestructuras hidráulicas con el Estado y consideró insuficientes los 20 millones de euros anuales cuya transferencia Canarias debe negociar cada ejercicio. Recordó que las actuaciones recogidas en el tercer ciclo de planificación hidrológica se aproximan a los 4.000 millones de euros, una magnitud que exige cooperación entre administraciones.
“Tenemos que crear una capacidad de reserva” que permita responder ante sequías o periodos prolongados sin lluvias, apuntó Ramos, quien insistió en que las inversiones deben prestar una atención especial a las islas no capitalinas y evitar que ninguna quede atrás por su menor dimensión o mayores costes de producción del agua.
