El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha defendido su voto favorable a la convalidación del decreto ley de medidas urgentes para modificar la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias, a propuesta del Gobierno.
Durante el debate desarrollado en el Parlamento de Canarias con tal motivo, el portavoz adjunto de ASG, Jesús Ramos, sostuvo que la norma “viene a solucionar unos problemas” detectados especialmente por las administraciones locales, que se encuentran con “la rigidez de esos plazos” y con consecuencias “claramente desproporcionales” cuando expedientes muy avanzados deben reiniciarse por caducidades formales.
Ramos enmarcó la reforma en la complejidad estructural de los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental, sometidos a numerosos informes sectoriales –muchos de ellos vinculantes– y a trámites de información pública que exigen un análisis técnico detallado. En ese contexto, defendió que la prórroga de la vigencia de los informes ambientales estratégicos, cuando no existan cambios sustanciales en los elementos esenciales evaluados, es una “mejora clara y razonable” que evita duplicidades y optimiza recursos públicos.
“El decreto ley introduce una mejora clara y razonable”, afirmó, subrayando que “no se eliminan controles, no se rebajan garantías, no se desprotege el medio ambiente”; se habilita, en cambio, que el órgano ambiental verifique si el análisis sigue siendo válido y, en su caso, conceda una prórroga “limitada y motivada”.
Además, destacó la relevancia de estas medidas para las islas no capitalinas, donde los recursos técnicos son más limitados, y para territorios como La Gomera, con una alta proporción de suelo protegido, en los que la planificación no puede quedar “permanentemente bloqueada por rigideces normativas que no aportan mayor protección efectiva”.
En relación con la modificación de la Ley 4/2022, Ramos valoró como “sensata y proporcionada” la ampliación de plazo para que las sociedades cooperativas adapten sus estatutos, evitando disoluciones automáticas por retrasos registrales ajenos a su voluntad. “Evitar su disolución automática por causas ajenas a su voluntad no es un privilegio, es una decisión de buena administración y, sobre todo, de sentido común”, remarcó.
Asimismo, el portavoz adjunto señaló que el Consejo Consultivo de Canarias avala la competencia autonómica y la conformidad jurídica de la norma, y que la prórroga de informes ambientales no vulnera la legislación básica estatal ni reduce el nivel de protección ambiental.
Por su parte, el portavoz de Grupo Parlamentario ASG y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, expresó un respaldo favorable a la iniciativa y defendió que la planificación en Canarias es “muy compleja, excesivamente compleja”. Recordó que los planes insulares corresponden a los cabildos y los planes generales a los 88 ayuntamientos, con realidades muy dispares, y reclamó una cooperación del Gobierno “más amplia”, también en medios humanos y económicos, para atender esta situación.
“Vale la pena que los procedimientos no se terminen [por caducidad]”, concluyó Curbelo, al advertir de la inseguridad jurídica y la pérdida de tiempo y recursos que ello supone.
