Juzgado de La Gomera

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que preside Nieves Lady Barreto, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden del 25 de agosto de 2025, que modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, y que aprueba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las personas profesionales de la abogacía y la procuraduría.

La orden adecúa a la normativa actual los importes de las bases y los módulos de la compensación -indemnización que reciben quienes asisten a los beneficiarios de la justicia gratuita-, como se venía demandando por los Colegios Profesionales, con la salvedad del turno especial de extranjería, que ya se había actualizado y modificado desde la Orden n.º 231, de 19 de diciembre de 2024.

De esta forma, alcanza validez y efectos jurídicos el incremento de un 30% de los importes iniciales de los módulos, aumento que se llevará a cabo en tres ejercicios presupuestarios: 2025, 2026 y 2027. El primer incremento de los importes de los módulos será de un 15% en el ejercicio 2025; el subsiguiente incremento, será de un 7% sobre los importes iniciales en el ejercicio 2026 y, finalmente, con el tercer incremento de un 8%, en el ejercicio 2027, se consolidará el 30% de la subida.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado durante su comparecencia que “desde el 2008 no se había actualizado esta retribución, una mejora de la que se beneficiarán los más de 2.300 profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita y con ello las personas usuarias de este servicio”. Nieves Lady Barreto añadió que “la orden recoge que la primera subida del año 2025, que será del 15%, tendrá efectos retroactivos a 1 de enero”.

La consejera recordó que otra de las líneas de trabajo de su departamento con los colegios de abogados es incentivar el acuerdo para rebajar la litigiosidad y que en ese sentido se prima a los abogados que lo alcancen dentro de la puesta en marcha de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). “Estamos haciendo un seguimiento y a final de año podemos presentar un primer balance de su aplicación”.

Por su parte, el Presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez, se congratuló porque en el día de hoy se ha publicado la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de fecha 25 de agosto de 2025, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, que aprueba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las personas profesionales de la abogacía y procura, aplicando un incremento lineal en todos y cada uno de los conceptos en un 30%, conforme a su Disposición Transitoria Única.

En este contexto agradeció “el notable esfuerzo” del Gobierno por sacar adelante esta orden, que recoge el acuerdo alcanzado con el Consejo Canario y colegios de abogados, y reconoció el papel fundamental que ha tenido la consejera en la “negociación presupuestaria” para conseguir los fondos necesarios para hacerlo realidad.

En la misma línea, el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, apuntó que este incremento “dignifica la profesión y el trabajo de los abogados y procuradores que vienen realizando en defensa de los ciudadanos canarios” que necesitan asistencia gratuita ante los tribunales por carecer de recursos económicos.

Con la publicación en el BOC de la nueva orden de retribución se actualizan y mejoran las condiciones reivindicadas desde el comienzo de las negociaciones por los colegios de abogados, en representación de los abogados de oficio.

La predisposición del Consejo Canario de Colegios de Abogados ha permitido la actualización de unos baremos que desde hace años no responden al coste real de los servicios y suponen una importante pérdida del poder adquisitivo de los profesionales de la justicia que prestan esta asistencia.

La orden también regulariza los efectos económicos a las personas profesionales de la abogacía y procuraduría por las actuaciones ya realizadas en 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero.

En el acto han participado además de la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el Presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez; la Presidenta de la Comisión Extraestatutaria Especial de Medios Adecuados para la Resolución de Litigios y Conflictos, y vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Milagrosa Pacheco Pérez; el Presidente de la Comisión Extraestatutaria Especial de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio y vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Kabir Vaswani Reboso; y el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.