La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sanciona con 15.000 euros a los organizadores de una prueba deportiva que se celebra en La Gomera después de que uno de los participantes denunciara que en la edición de 2021 exigían aportar datos personales sobre el Covid.
En concreto, se solicitaba la pauta completa de vacunación o certificado de haber pasado la enfermedad y un test con un tope de 48 horas de antelación cuyo resultado debía ser negativo.
La AEPD indicó que los concursantes «no tenían conciencia de que estaban aceptando alguna propuesta, por no existir ninguna a nivel de protección o tratamiento de datos», y que el «consentimiento válido requiere mecanismos que no dejen ninguna duda sobre el consentimiento del interesado».
Por lo tanto, la resolución firme concluye que se impuso a los deportistas «una limitación de su derecho individual y fundamental de sus datos personales sobre su salud», que consistió en proporcionar un certificado de vacunación.
Denuncia
Tras la presentación de la denuncia la organización indicó que se trataba de una prueba privada, que el responsable era un trabajador autónomo, que quienes querían participar en la misma debían aceptar el reglamento propuesto y que los datos se incluían en una plataforma online de inscripciones.
En la misma se encuentra toda la información relevante como el certificado de pauta de vacunación o test del Covid-19 debido, según el reclamado, «a la situación epidemiológica derivada de la pandemia», y que tras pedir la autorización de Sanidad para realizarla ésta consideró «oportuno» el requerimiento.
a Agencia impone tres multas de 8.000, 1.000 y 6.000 euros al concluir que no se informó «en modo alguno» sobre el tratamiento de datos de salud en el momento de recogerlos y que los mismos debían contemplar unos fines «legítimos», dado que en general la exigencia de vacuna no es obligatoria.
También se recuerda que está prohibido el uso de referencias personales entre las que se encuentran el estado de salud y que en los primeros escritos no se menciona la voluntariedad ni la necesidad del consentimiento o medidas tendentes a su obtención.
Tampoco existió un registro de las actividades de tratamiento bajo su responsabilidad, como está exigido, y la Agencia rechaza que en vez de sanción se limiten a apercibir a los organizadores como éstos pedían, «dada la categoría de los riesgos de los derechos y libertad que han quedado comprometidos».
La información en la recogida de los datos, aunque fuera de modo voluntaria, aparece directamente referida al tratamiento del estado de salud de los participantes, por lo que no es posible desligar la conexión e importancia de uno respecto del otro.
Defensa
Tras eludir varias veces los requerimientos de información, los demandados respondieron que la aportación de estas pruebas se basaba «en el consentimiento libre, inequívoco e informado de los interesados, que exime de la prohibición de tratamiento».
Añaden que «el consentimiento puede ser inequívoco y otorgarse de forma implícita, cuando se deduzca de una acción del interesado, como subir sus datos a la plataforma». Indican que en pocos días se envió a los participantes un segundo comunicado en el que informaba de que la aportación de estos datos era de carácter voluntario, opcional y no obligatorio.
«En ningún momento remitimos la obligación de o se presenta documentación o se elimina al participante, ni impidió intervenir a nadie por no entregar documentación relativa a datos de salud, como tampoco existió ninguna recogida o comprobación in situ el mismo día del evento».
En aquella edición se inscribieron 1.350 corredores, de los que 690 no aportaron las pruebas médicas relativas al Covid ni se exigieron tampoco al inicio de la prueba.
Por lo que la intención de los demandados, según afirmaron, era «garantizar la seguridad y salud de los participantes ante la situación de pandemia y crisis sanitaria», existente en aquellos momentos.
ambién se aportó un documento del Servicio Canario de Salud (SCS) en el que se calificaba de «diligente» la intención de los organizadores y añadieron que los documentos fueron eliminados «dada su controversia».
