En el actual contexto político de polarización, donde parece cobrar mayor valor el disenso frente al acuerdo, la búsqueda de consensos se convierte en un anacronismo, un arte en peligro de extinción. Sin embargo, hay ocasiones en las que, frente al ruido y la división, el consenso no es solo deseable, sino imprescindible, y la futura revisión de nuestro Régimen Económico y Fiscal es una de ellas.
Ese espíritu es el que ha presidido durante más de un año el trabajo de la Comisión de Estudio sobre la Revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, constituida en el Parlamento autonómico, y cuya primera fase finalizó este mes tras recibir a 36 comparecientes propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. Cada uno de ellos pudo exponer su análisis y señalar las deficiencias detectadas en su aplicación, además de formular propuestas, en ocasiones divergentes o claramente antagónicas, pero que han contribuido a enriquecer el debate.
Esta Comisión ha significado, sin duda alguna, una apuesta decidida por mirar al futuro con rigor, escuchando a expertos del ámbito académico, sindical, empresarial y profesional, con la ambición de que el REF siga siendo el motor de desarrollo socioeconómico que ha sido durante décadas. Pero también ha permitido realizar un análisis crítico y constructivo con el propósito de avanzar hacia soluciones que respondan a los retos presentes y futuros.
Porque lo cierto es que el REF ha sido, y sigue siendo, uno de los pilares básicos y estructurales de nuestro autogobierno, permitiendo que nuestras islas avancen con herramientas propias para compensar sus hechos diferenciales, reconocer sus singularidades y convertir sus desventajas en oportunidades. Gracias al REF se ha incentivado la inversión, generado empleo y creado un marco de oportunidades que otros territorios podrían envidiar. Sin embargo, diferentes indicadores sociales y económicos indican que no ha sido suficiente para corregir las fallas y los desequilibrios de nuestro actual modelo de desarrollo.
Asimismo, la globalización, la revolución tecnológica, la transición ecológica y, por supuesto, los estragos sociales y económicos derivados de la pandemia y de los diferentes conflictos bélicos, han reconfigurado nuestro entorno. Y en este nuevo tablero, no basta con tener un REF; sino uno capaz de adaptarse a un mundo en constante y vertiginoso cambio.
Y la mejor garantía para lograrlo es a través del consenso. La Comisión de Estudio nació, precisamente, con el espíritu de construir un espacio de diálogo proactivo, pero sereno; de escucha activa y análisis honesto. No se trata de imponer visiones personalistas ni de defender intereses sectoriales a costa del bien común. Se trata de preguntarnos qué REF necesita Canarias para afrontar las próximas décadas. Y la respuesta debe ser construida entre todos los actores políticos, sociales y económicos.
El proyecto de dictamen, elaborado por el relator Ildefonso Socorro Quevedo, marca un primer hito en esta travesía. Reconocer su trabajo constituye un acto de justicia, porque ha sido una labor que ha requerido temple desde una óptica puramente técnica. Y da comienzo a una nueva fase, posiblemente más compleja: convertir ese documento en una hoja de ruta, realista pero ambiciosa, que sirva de base para su futura revisión.
Esta tarea debe hacerse sin poner en riesgo la brújula que ha guiado sus sucesivas reformas: el consenso. Pues en él reside una de sus principales fortalezas, máxime en el escenario político actual. Aunque bien es cierto que aquel nunca es producto del azar: conlleva diálogo, modulación de posiciones iniciales y renuncia a propuestas de máximos que, en muchas ocasiones, tan solo responden a actitudes frentistas y cortoplacistas.
Esos esfuerzos conllevan la responsabilidad de todos los actores. Es la única vía para construir una Canarias que aspire a ser competitiva, inclusiva y sostenible. Una Canarias que apueste por sectores estratégicos, que fomente la innovación, que distribuya los beneficios del crecimiento con equidad y que no deje a nadie atrás. Porque el objetivo último del REF no puede ser otro que propiciar una verdadera “prosperidad compartida”, donde el progreso económico y el bienestar social vayan de la mano.
En definitiva, un REF que no sea solo un conjunto de incentivos, sino un pacto de futuro. Y para que ese futuro sea compartido, necesita ser construido desde el consenso político, económico y social, de tal manera que nos permita seguir hablando de un REF de todos y para todos.
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Manuel Hernández Cerezo
Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y presidente de la Comisión de Estudio sobre la Revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
