Nos encontramos ante un momento decisivo para el modelo territorial y de cohesión de nuestro país. La reforma del sistema de financiación autonómica no puede convertirse en un instrumento para agravar desigualdades, y mucho menos puede ser utilizada como moneda de cambio política para establecer una financiación singular con Cataluña, que dinamita los principios de solidaridad y equidad entre territorios.

La propuesta de que Cataluña gestione la totalidad de sus recursos, quedando fuera del sistema común, implica el fin del modelo solidario que ha sostenido durante décadas la vertebración del Estado. Esta vía no sólo rompe con el espíritu constitucional que garantiza la igualdad entre españoles vivan donde vivan, sino que condena a comunidades como Canarias a quedar relegadas a una segunda fila.

Lo he dicho alto y claro: no buscamos privilegios, pero tampoco vamos a tolerar agravios. El actual sistema, que data de 2009 y debió haberse revisado en 2014, está obsoleto y ha dejado a Canarias en clara desventaja. Hemos crecido en población en más de medio millón de personas, superando los 2,2 millones de habitantes, y sin embargo, nuestra financiación no ha acompañado ese crecimiento. El resultado: tensiones insoportables en servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

El anuncio de un modelo “singular” para Cataluña no es un asunto técnico, sino una cuestión de justicia territorial. Si una comunidad autónoma puede romper el marco común y quedarse con el 100 % de sus recursos, el resto quedamos atrapados en un sistema desequilibrado y profundamente injusto. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que asigna a Canarias apenas el 4,74 % de la financiación, ignora factores esenciales como la población flotante, la ultraperificidad, la insularidad o las altas tasas de pobreza y exclusión social.

Canarias no es una comunidad más. Nuestra lejanía, nuestra condición de archipiélago, la fragilidad de nuestros servicios y el coste de vida nos colocan en una situación de especial vulnerabilidad. Necesitamos un sistema que respete nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), que lo complemente y que garantice una financiación justa basada en nuestras realidades, no en fórmulas uniformes ni en acuerdos bilaterales hechos a espaldas del resto.

Por eso, desde Canarias exigimos un modelo justo. Que contemple los costes reales de prestar servicios públicos en nuestras islas. No puede haber igualdad de oportunidades si se aceptan desigualdades de partida y si se privilegia a quien ya parte con más.

La financiación autonómica debe construirse desde el consenso y con visión de Estado. No puede ser el resultado de pactos particulares que privilegian a una comunidad a costa del resto. El principio de solidaridad interterritorial no es una opción: es un mandato constitucional. Romperlo sería hipotecar el futuro de todos los territorios y nosotros tenemos que trabajar en una estrategia común con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil para lograrlo.

Canarias no aceptará ser menos. Tenemos derecho a un trato justo, proporcional y digno. Y lo defenderemos con firmeza, con argumentos y con lealtad institucional. Porque si ahora permitimos que se fragmente el sistema común, mañana ya no habrá cohesión posible. El futuro de nuestras islas —y del país— está en juego.

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