-El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución entre las Comunidades Autónomas de 283.197.420 euros para la financiación de la dependencia, de los que 9.212.363,15 euros van destinados a las Islas Canarias.
Estos fondos corresponden al llamado “Nivel Acordado” y suponen la concreción del
acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado en enero pasado, que
comprende un plan de choque con actuaciones en diversos ámbitos y compromisos
presupuestarios para el horizonte 2021-2023.

Los fondos aprobados hoy por el Consejo de Ministros vienen a sumarse a la subida
de media del 17 % que el Ejecutivo central ha dispuesto para las cuantías del “Nivel Mínimo”, esto es, las transferencias que el Estado hace a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida, en el marco de sus compromisos del Acuerdo de Gobierno.

Un aumento del 43 % en la aportación del Gobierno de España a la dependencia
En conjunto, supone el aumento de la financiación a la dependencia en 600 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 43 % en la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responsable de esta partida.
“El Gobierno de España conoce bien las necesidades en materia de dependencia de las Comunidades Autónomas, y fruto también de su decidida apuesta por la cogobernanza y por no dejar atrás a nadie, particularmente en la actual coyuntura, materializa sus compromisos con medidas como la distribución de estos fondos en el territorio”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
“Son más de 9,2 millones de euros los que nuestra Comunidad Autónoma recibirá de estos fondos en su ‘Nivel Acordado’. Fondos que buscan mejorar las condiciones y calidad de los servicios profesionales para la dependencia, mejorar las prestaciones financiadas que reciben las personas dependientes, y reducir las listas de espera”, añade.
Para los dos próximos ejercicios, 2022 y 2023, el Gobierno de España se ha comprometido a llevar a los presupuestos incrementos similares y acumulativos, para conseguir alcanzar el objetivo fijado en el Acuerdo de Gobierno de reducir la lista de espera al menos un 75 %, así como mejorar las prestaciones de las personas dependientes y las condiciones laborales de los y las profesionales que las atienden.