El programa de UPC alerta del peligro que corre el autogobierno con el avance de la extrema derecha. Esta sostiene un proyecto claramente centralista y nada respetuoso con la realidad plurinacional del Estado español y, en particular, con Canarias, una comunidad con numerosas especificidades, recogidas en nuestro Estatuto y que tienen un reconocimiento por parte de la Unión Europea. La Unidad del Pueblo Canario (UPC) se compromete en su programa en la defensa de una Canarias con capacidad para decidir su futuro. Y rechaza tanto el centralismo estatal como el caciquismo y los privilegios de las minorías locales.
Defendiendo el reconocimiento de Canarias como sujeto político, el fortalecimiento de su autogobierno y el pleno desarrollo de las competencias reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Reclamando una financiación autonómica justa, la participación adecuada en los presupuestos estatales y europeos y el reconocimiento efectivo de nuestra condición de región ultraperiférica, respetando las singularidades del Archipiélago”.
Más y mejor autogobierno
Por otra parte, la coalición apuesta por desarrollar al máximo las competencias contempladas en el Estatuto de 2018, “que deben ser correctamente financiadas por el Estado y gestionadas sobre la base del interés general en las Islas. En concreto, exigimos la cogestión canaria de nuestros aeropuertos, como ya sucede desde hace décadas con los puertos, así como rechazamos la privatización de las torres de control de varios aeropuertos de las Islas”.
Añadiendo que las distintas políticas y leyes estatales en todos los ámbitos deben considerar las condiciones específicas de Canarias. Y manifestando, igualmente, que comparte la defensa de la soberanía popular, del derecho a decidir democráticamente y del derecho universal de los pueblos a la autodeterminación.
Consciente de los problemas del hiperdesarrollismo y sus efectos en el territorio, recursos naturales, medioambiente, tráfico, acceso a la vivienda o convivencia, UPC defenderá en los foros estatales y europeos una planificación del crecimiento acorde con la capacidad real de las Islas. Entendiendo que el crecimiento del sector turístico debe ser “modulado desde las administraciones públicas” para que esté al servicio de nuestra gente. Las soluciones están en manos del autogobierno. Estableciendo límites, mediante una moratoria, al crecimiento de nuevas camas e instalaciones turísticas, al ser el desarrollismo turístico el principal responsable del crecimiento demográfico que padecen las Islas. Así como estableciendo una tasa turística a quienes nos visitan.
Junto a ello es muy firme la apuesta por las energías renovables, la generación distribuida, la soberanía energética, la gestión responsable, sostenible y circular de residuos y vertidos y la gestión pública de los recursos estratégicos.
Contra el expansionismo de Marruecos
Asimismo, plantea el establecimiento de la mediana con Marruecos, el reconocimiento de nuestras aguas, así como de los fondos marinos del archipiélago -con los relevantes recursos submarinos estratégicos (telurio, cobalto, níquel y tierras raras) que albergan-, y su espacio aéreo. Una exigencia significativa ante el expansionismo marroquí, que viene desarrollando con iniciativas para la ampliación del Mar Territorial entre el Sahara y Canarias, el control del tráfico aéreo del Sahara Occidental, la construcción de vías de comunicación con otros países africanos utilizando el Sahara Occidental o la captación de inversiones extranjeras y de la UE en los territorios ocupados. Un expansionismo al que han contribuido con sus decisiones Sánchez y Clavijo.
Marruecos ha utilizado el fenómeno migratorio como elemento de chantaje en sus relaciones con el Estado español y Europa. Como muestra lo ocurrido hace unos meses en Ceuta. En nuestro caso, nuestra situación geográfica nos seguirá convirtiendo en parte importante de las rutas migratorias desde el continente africano de miles de personas atraídas por el sueño europeo.
Migraciones, solidaridad y derivaciones
UPC defiende una política migratoria basada en los derechos humanos, el establecimiento de vías legales y seguras, la acogida digna y la corresponsabilidad de su atención entre los territorios del Estado español. A lo que se oponen las derechas extremas que, si gobiernan, convertirían a Canarias en una inmensa prisión del estado y de la UE. Exige, además, una protección específica de la infancia y adolescencia migrante no acompañada, garantizando sus derechos y una distribución solidaria de las responsabilidades de acogida. Y rechaza, consecuentemente, la externalización de fronteras, el racismo y la xenofobia.
Igualmente, UPC defiende a Canarias como “territorio de paz, cooperación y solidaridad entre pueblos, promoviendo relaciones justas con África, América Latina y Europa desde principios de derechos humanos, antirracismo y justicia global”. Expresando su apoyo a los pueblos palestino y saharaui.
Votar a UPC es hacerlo por esos compromisos con el autogobierno, la defensa del territorio y de una actividad económica puesta al servicio de la población, el rechazo al expansionismo marroquí y la apuesta por una Canarias acogedora y solidaria. Una Canarias para la gente de a pie, votando a una única papeleta de las izquierdas, la de UPC.
Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).