La vicepresidenta tercera del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses, ha pedido este jueves, en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, que se compruebe si las ayudas extraordinarias al sector primario alcanzan a las pequeñas explotaciones de la isla. En el debate sobre el proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, ha reclamado que las funciones que asuman los cabildos cuenten con personal técnico y financiación suficiente.
El Decreto ley 7/2026, de 30 de octubre, modifica las ayudas aprobadas en abril para compensar los sobrecostes derivados de la crisis en Oriente Medio. García Meneses valoró que la reducción a 30 euros del importe mínimo subvencionable en agricultura facilite el acceso de las explotaciones de menor tamaño. En ganadería, destacó que la ayuda para la compra de pienso mantiene en La Gomera el incremento del 16% por doble insularidad y pidió conocer cuántas explotaciones familiares quedan por debajo del mínimo exigido de cinco unidades de ganado mayor.
La representante insular también solicitó que el Gobierno de Canarias y los cabildos compartan la información sobre las subvenciones sujetas al mismo régimen de ayudas de minimis. El límite acumulado por beneficiario en tres años es de 50.000 euros en agricultura y ganadería y de 40.000 euros en pesca. Una ayuda insular previa puede, por tanto, reducir la cuantía que el productor pueda recibir de la comunidad autónoma.
En el caso de la flota artesanal gomera, García Meneses pidió comprobar cómo se tendrán en cuenta los gastos de transporte. También ofreció la colaboración del Cabildo para ayudar a los productores con la tramitación electrónica. “Sería conveniente reforzar la asistencia administrativa para esta gestión”, señaló.
En cuanto a la futura ley de biodiversidad, la vicepresidenta defendió que cada autorización ambiental tenga un órgano responsable y que se especifiquen los informes necesarios y sus plazos. Reclamó que se aclare quién financiará los planes insulares de recuperación de especies y las campañas de control de especies invasoras, dos tareas que requieren personal especializado sobre el terreno.
García Meneses propuso, además, que se priorice la colaboración cuando un cabildo se retrase por falta de medios o esté pendiente de una autorización de otra administración. También planteó revisar si el año previsto para adaptar los centros de recuperación de fauna silvestre basta para adecuar las instalaciones, el equipamiento y las plantillas. “Nuestro objetivo es que la ley pueda aplicarse con seguridad jurídica y eficacia”, concluyó.
