El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes [9] en el Parlamento de Canarias su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, solicitando formalmente al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) la devolución de unas cuentas que considera “antisociales, tramposas, regresivas e incapaces de dar respuesta a los problemas reales de las islas”.
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, sostiene que el Presupuesto de 2027 supone “la certificación de una legislatura perdida” y “la constatación de un Gobierno agotado, sin proyecto y sin capacidad para afrontar los grandes problemas de Canarias”. A su juicio, CC y PP “han convertido cuatro años de abundantes recursos públicos en una oportunidad histórica desperdiciada”.
“No estamos ante unos presupuestos pensados para mejorar la vida de la gente, sino ante unas cuentas que dan la espalda a Canarias, tramposas y no responden a las necesidades reales de nuestra tierra. Son unos presupuestos que no están a la altura de los grandes desafíos que tenemos por delante y que desperdician las extraordinarias oportunidades que ha tenido esta comunidad autónoma durante la legislatura. Clavijo y el Partido Popular han optado por blindar los privilegios fiscales de quienes más tienen, mientras miles de familias siguen sin poder acceder a una vivienda digna y Canarias pierde la oportunidad de transformar su modelo económico y construir un futuro más próspero y sostenible”, denuncia Franquis
Franquis advierte que el proyecto presupuestario “consolida un modelo de Gobierno que destina más esfuerzos a mantener su aparato político que a preparar el futuro de Canarias” y defiende que la enmienda a la totalidad “no es un gesto político, sino la exigencia de retirar unas cuentas que agravan las desigualdades y dan la espalda a las necesidades de la ciudadanía”. “Cuando se dispone de más recursos y, sin embargo, se recorta la inversión pública, el problema no es la financiación: es la incapacidad política para gestionar los recursos y ponerlos al servicio de la mayoría social”, subraya.
Por su parte, el portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Socialista, Manuel Hernández, advierte de que las cuentas prevén 13.209 millones de euros de gasto no financiero, pero, lejos de reforzar la transformación de la economía, aumentan un 11,27% el gasto corriente y desploman la inversión presupuestada en 452,2 millones, un 21,45%. La inversión prevista para 2027 será incluso 111 millones inferior a la de 2023, pese al fuerte aumento de los recursos durante la legislatura.
“Es un disparate económico y una irresponsabilidad política: mientras la economía canaria se desacelera y el propio Gobierno prevé un crecimiento de apenas el 1,1% en 2027, CC y PP recortan precisamente las inversiones que deberían preparar el futuro del Archipiélago”, señala Hernández.
Hernández denuncia, además, la falta de credibilidad fiscal de unas cuentas elaboradas tras los incumplimientos de la regla de gasto en 2024 y 2025, las advertencias de la AIReF y el reconocimiento, en la propia documentación del Ejecutivo, de una necesidad de financiación del 0,33% del PIB para 2026. “No hay rigor, no hay planificación y no hay proyecto económico. Solo una huida hacia delante que acabará pagando la ciudadanía”, afirma.
Presupuesto alternativo “realista y viable”
Frente a este “fracaso presupuestario”, el Grupo Socialista presenta una alternativa “seria, financiada y socialmente útil”, capaz de movilizar más de 535 millones de euros adicionales mediante tres vías: 132,3 millones de ahorro por una gestión más eficiente, 393,1 millones de mejora de la capacidad fiscal y 10 millones de financiación adicional para vivienda vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado.
El PSOE propone adelgazar una estructura política “disparatada” y recortar gastos prescindibles en publicidad, propaganda, asistencias técnicas, honorarios externos y actos institucionales, además de mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico. Hernández recuerda que, desde 2023, el programa de asistencia técnica y política al presidente ha crecido un 259% y el de apoyo al vicepresidente, un 103%.
“Gobernar es decidir a quién se protege. CC y PP han preferido engordar el aparato político y alimentar su maquinaria de propaganda antes que construir viviendas, modernizar los servicios públicos o impulsar la investigación. Nosotros proponemos exactamente lo contrario”, subraya.
Una reforma fiscal progresiva frente a los privilegios
La enmienda plantea una reforma fiscal progresiva para redistribuir la riqueza sin cargar el esfuerzo sobre las rentas medias y bajas. Incluye eliminar la bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones para las rentas altas del archipiélago, con una previsión de 30 millones; modificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con 46 millones adicionales; mejorar la recaudación asociada al IGIC en 8 millones, y evitar una deflactación lineal del IRPF que supondría renunciar a 34,1 millones y que beneficia a quienes más tienen.
También propone implantar un impuesto sobre las estancias turísticas, exento para los residentes canarios, que permitiría recaudar unos 285 millones de euros anuales para proteger el territorio, mejorar los espacios turísticos, combatir el cambio climático y reforzar la capacidad de los ayuntamientos.
Para Hernández, “es indecente que un Gobierno que presume de récords turísticos renuncie a que parte de esa riqueza contribuya a afrontar las necesidades de Canarias y, al mismo tiempo, siga regalando ventajas fiscales a los patrimonios más altos”. El portavoz recuerda, además, que CC y PP acaban la legislatura sin cumplir su promesa electoral de reducir el tipo general del IGIC del 7% al 5%.
Vivienda, educación y servicios públicos frente al abandono
La vivienda constituye una prioridad central de la alternativa socialista, con 135,6 millones de euros adicionales: 100 millones para construir viviendas públicas y adquirir suelo e inmuebles; 25,6 millones para activar los complementos de vivienda de la Renta Canaria de Ciudadanía, y 10 millones para ayudas al alquiler y al alquiler joven.
“La emergencia habitacional retrata como ninguna otra el fracaso de Clavijo y el PP”, denuncia Hernández. El Gobierno reduce en cinco millones sus fondos propios al Instituto Canario de la Vivienda, mientras la aportación del Estado aumenta en 45 millones y los remanentes de financiación afectada del instituto alcanzan una previsión de 49,5 millones. “Tienen recursos, pero ni los ejecutan ni utilizan las herramientas legales para contener los alquileres. Su inacción no es inevitable: es una decisión política”, añade.
La propuesta socialista refuerza también la educación y los estudios superiores con 70 millones adicionales: 50 millones para infraestructuras educativas, la atención a la diversidad, las enseñanzas de 0 a 3 años y la recuperación de ayudas y auxiliares para alumnado con necesidades específicas; 10 millones para las universidades públicas, 10 millones para las universidades públicas, y otros 10 millones para apoyar al estudiantado universitario y de Formación Profesional Superior con becas y material académico.
En paralelo, plantea 30 millones para I+D+i; 10 millones para economía verde y azul; 5 millones para la implantación de camas elevables en el sector turístico; 10 millones para políticas de empleo; 40 millones para sector primario, agua, seguridad y emergencia climática; 40 millones para bienestar social y nuevas plazas residenciales de dependencia; 5 millones para cultura; 20 millones para infraestructuras y equipamientos sanitarios, y 5 millones para planes de accesibilidad.
La enmienda recupera, además, una deducción autonómica para corregir la desigualdad, dotada con 82,4 millones de euros, y con beneficios de entre 125 y 225 euros para contribuyentes con rentas bajas y medias, según sus ingresos. “El presupuesto de CC y PP protege los privilegios; el nuestro protege a las personas”, resume Hernández.
Cuentas responsables para dejar atrás una legislatura perdida
Hernández defiende que la devolución del proyecto permitiría al Gobierno presentar unas cuentas distintas, con prioridades acordes a las necesidades de las islas, y en paralelo reforzar la prestación de los servicios públicos esenciales. “La irresponsabilidad no es pedir que se devuelvan unas malas cuentas; la irresponsabilidad sería aprobarlas sabiendo que condenan a Canarias a seguir perdiendo oportunidades”, sostiene.
“Esta enmienda demuestra que sí hay alternativa: más vivienda pública, mejor educación, inversión productiva y fiscalidad justa. Canarias necesita dejar atrás cuatro años de despropósitos presupuestarios y abrir una etapa de progreso e igualdad”, concluye Hernández.