La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha defendido este jueves la necesidad de aprobar una ley que no se limite a reconocer la autoridad del profesorado, sino que garantice su protección efectiva, refuerce la convivencia en los centros educativos y establezca obligaciones concretas para la Administración autonómica.
Durante el debate del dictamen de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado, celebrado en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Parlamento de Canarias, Melodie Mendoza destacó los avances introducidos durante la tramitación parlamentaria y anunció que ASG votará favorablemente a la norma cuando llegue al pleno.
La parlamentaria subrayó que el texto ha experimentado una evolución importante respecto a su planteamiento inicial, fruto de las aportaciones de los colectivos educativos y del trabajo desarrollado por los grupos parlamentarios. “No bastaba con declarar al docente autoridad. Había que acompañar ese reconocimiento con medidas concretas, pero también garantizar los derechos del alumnado”, afirmó.
En este sentido, valoró que la futura ley incorpore como principios fundamentales la colaboración de toda la comunidad educativa, la prevención de la violencia, la suficiencia de medios y el respeto a la dignidad del alumnado más vulnerable, incluyendo expresamente a quienes presentan discapacidad, dificultades de comunicación o trastornos del neurodesarrollo.
Protección efectiva y prevención de los conflictos
Melodie Mendoza hizo hincapié en que una de las prioridades defendidas por ASG durante la tramitación ha sido dotar al profesorado de herramientas que permitan anticiparse a los problemas de convivencia. “Queríamos también que se trabajase en un escudo preventivo, no solamente una respuesta cuando el conflicto ya se hubiese producido”, explicó.
Entre los avances incorporados destacó la obligación de la Consejería de Educación de crear una unidad administrativa de atención, protección y asesoramiento al profesorado, desarrollar protocolos eficaces de actuación, proporcionar formación e información y avanzar en la reducción de la carga burocrática, una de las demandas reiteradas de la comunidad educativa.
Asimismo, resaltó que la norma contempla asistencia psicológica y jurídica gratuita, inmediata y especializada ante situaciones de agresiones, amenazas, coacciones, acoso, ciberacoso o conflictividad. Estas medidas adquieren especial relevancia tras el anuncio de la Consejería sobre la creación de la Unidad para el Bienestar del Profesorado.
La diputada de ASG defendió que el reconocimiento de la autoridad docente debe traducirse en un respaldo real de las instituciones. En este contexto, recordó las reivindicaciones trasladadas recientemente al Parlamento por la Plataforma de Directores de Canarias, cuyos representantes expusieron las dificultades que afrontan diariamente los equipos directivos.
Una ley necesaria y fruto del consenso
Melodie Mendoza insistió en la importancia de culminar la tramitación con el mayor consenso parlamentario posible, manteniendo la disposición al diálogo y a incorporar mejoras que contribuyan a reforzar el texto definitivo.
“Desde el principio, el objetivo ha sido que sea una ley de todos, una ley de todos los grupos y una ley también en la que se sintiese representada la comunidad educativa”, manifestó.
Por último, reiteró el compromiso de ASG con una norma que considera necesaria y reclamada por los profesionales de la enseñanza. “Vamos a apoyar esta norma y vamos a votar sí en el pleno”, anunció, convencida de que permitirá avanzar hacia centros con mejor convivencia, profesorado respaldado y una Administración que asuma responsabilidades concretas.
