El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este miércoles [14] en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias de no estar ofreciendo una respuesta a la altura de la emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago, y ha reclamado al Gobierno de CC y PP un cambio de rumbo en sus políticas de vivienda.
Franquis ha defendido una Proposición No de Ley (PNL) socialista que ha sido rechazada para impulsar un nuevo Plan de Vivienda para el periodo 2027-2036, con el objetivo de elevar el parque público hasta, al menos, el 5% del parque residencial en diez años.
En este sentido, ha advertido que la vivienda se ha convertido en el principal problema social de Canarias y en uno de los factores que más condicionan la desigualdad, al impedir que muchas familias lleguen a fin de mes, que los jóvenes puedan emanciparse y que los trabajadores accedan a un hogar pese a tener empleo.
Frente a esta realidad, ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo de Fernando Clavijo y ha exigido que la declaración de emergencia habitacional realizada por el propio Gobierno se traduzca en compromisos concretos y resultados medibles.
“Si hay una emergencia, tiene que haber una respuesta a la altura”, ha afirmado, quien ha reclamado al Ejecutivo autonómico que deje de medir su política de vivienda por los anuncios y empiece a evaluarla por las casas que pone efectivamente a disposición de la ciudadanía.
Viviendas públicas: Apenas dos de cada cien
Franquis ha expuesto los datos que, a su juicio, reflejan la dimensión del problema: el parque público gestionado por el Gobierno autonómico cuenta con 22.015 viviendas, frente a un parque residencial de 1.102.198 inmuebles. Es decir, apenas dos de cada cien viviendas son públicas. Mientras tanto, 36.950 personas figuran inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.
Para el diputado socialista, estas cifras evidencian la necesidad de abandonar las respuestas puntuales y afrontar el problema con una planificación a largo plazo. La propuesta socialista establece como meta alcanzar las 55.110 viviendas públicas en 2036, mediante la incorporación de 33.095 inmuebles adicionales.
Franquis ha insistido en que el Gobierno no puede confundir el aumento general de la oferta residencial con el crecimiento efectivo del parque público. “No es lo mismo construir viviendas que construir un parque público de vivienda”, ha subrayado, al reclamar transparencia sobre cuánto dinero destina el Ejecutivo a cada objetivo y cuántas viviendas pasan realmente a formar parte del patrimonio público.
La iniciativa socialista plantea movilizar todas las vías disponibles, desde la construcción y adquisición de inmuebles hasta la rehabilitación, recuperación de viviendas vacías y cesiones de uso. También reclama una distribución de objetivos por islas, un programa de suelo público en colaboración con cabildos y ayuntamientos y una programación económica plurianual que concrete las inversiones y las aportaciones de cada administración.
El portavoz socialista ha exigido, además, evaluar el Plan de Vivienda 2020-2025, que contemplaba 664 millones de euros de inversión y 88.195 actuaciones. El Gobierno debe explicar qué objetivos cumplió, cuánto presupuesto ejecutó y qué compromisos quedaron pendientes. “El dinero público no se mide por lo que se anuncia, sino por los resultados que produce en la vida de la gente”, ha señalado.
También criticó la situación de la juventud, con una tasa de emancipación juvenil que ha caído desde aproximadamente el 20% al inicio de la legislatura hasta el 14,1%. Por ello, el PSOE propone un programa específico de Vivienda y Emancipación Joven, dotado de financiación suficiente y objetivos evaluables.
La iniciativa reclama un sistema público de seguimiento y comparecencias anuales de la consejería competente ante el Parlamento para rendir cuentas y adoptar medidas correctoras. Con estas exigencias, el Grupo Socialista busca que el Ejecutivo deje de presentar la emergencia habitacional como una declaración institucional y asuma compromisos verificables.
Franquis ha afirmado que Canarias necesita una política de vivienda que garantice una alternativa a quienes no pueden afrontar los precios del mercado. “La vivienda no puede ser un privilegio de quien puede pagarla. Tiene que ser un derecho efectivo para quien necesita un hogar”, ha defendido.
