La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife considera que el principal reto de la inversión pública en Canarias no pasa únicamente por aumentar los recursos destinados a nuevas actuaciones, sino por conseguir que esas inversiones puedan convertirse en obras ejecutadas en los plazos previstos y en unas condiciones que permitan a las empresas asumir los proyectos.
El presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, señala que la evolución del sector de la construcción durante el segundo trimestre muestra que existe actividad y capacidad empresarial para responder a una mayor inversión, pero también pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones en las que se plantean las licitaciones públicas.
“Las empresas pueden asumir determinados riesgos, pero no pueden comprometerse durante varios años con unos precios que desconocen si podrán mantener”, explica Sesé, quien considera necesario introducir mecanismos de flexibilidad, revisión y actualización de los contratos que permitan responder a posibles variaciones de los costes durante la ejecución de las obras, especialmente en proyectos de larga duración.
La Cámara quiere poner el foco, además, en una diferencia que considera fundamental: una licitación representa la salida de una obra al mercado, pero no significa que esa inversión vaya a ejecutarse. Para que el proyecto llegue a materializarse tiene que existir interés empresarial, presentarse ofertas, producirse la adjudicación y finalmente ejecutarse la obra.
Cuando una licitación queda desierta porque ninguna empresa presenta una oferta que considere viable, el resultado es que una inversión inicialmente prevista no llega a convertirse en una actuación real. Para la institución cameral, esta cuestión adquiere especial importancia en Canarias, donde existen necesidades pendientes en ámbitos como la vivienda, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el agua o la energía.
El caso de Tenerife Sur: una inversión de 500 millones que no encontró empresas
Para la Cámara, el problema no es teórico y ya está teniendo una manifestación concreta en algunas de las grandes inversiones previstas para Canarias.
Uno de los ejemplos más recientes es la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur, cuya primera licitación quedó desierta después de que ninguna empresa presentara oferta. El contrato, promovido por Aena, partía de un presupuesto de 464,1 millones de euros, sin impuestos, y contemplaba un periodo de ejecución de 96 meses, ocho años.
La Cámara considera especialmente significativo que una actuación de esta dimensión y relevancia estratégica no haya encontrado inicialmente respuesta empresarial. El plazo de ejecución, la evolución que pueden experimentar los costes de materiales y mano de obra durante un periodo tan prolongado y las condiciones establecidas en el procedimiento son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar este tipo de contratos.
“Esto demuestra que no basta con disponer de una dotación económica importante. Hay que diseñar las condiciones de contratación de manera que exista un equilibrio razonable entre el riesgo que asume la Administración y el que asume la empresa”, señala Sesé.
La institución recuerda que esta situación no es exclusiva de esta actuación. También se han producido en Canarias procesos de contratación que han tenido que ser replanteados o vueltos a licitar al no encontrar suficiente respuesta empresarial, mientras que en determinadas actuaciones de vivienda pública las empresas han trasladado igualmente su preocupación por unas condiciones económicas que no siempre reflejan la evolución real de los costes de construcción.
“Una empresa no decide participar o no en una licitación únicamente en función del margen de beneficio. Tiene que valorar si puede asumir durante años el riesgo económico del contrato sin poner en peligro la propia continuidad de la actividad”, apunta el presidente de la Cámara.
En este sentido, Sesé considera que el objetivo de introducir mecanismos de actualización no debe interpretarse como una petición para eliminar el riesgo empresarial de los contratos públicos, sino para repartir de una manera más equilibrada aquellos riesgos que ninguna de las partes puede controlar, especialmente en obras de larga duración y en un contexto de elevada volatilidad de costes.
Más licitación no significa necesariamente más inversión ejecutada
Los datos del Boletín de Coyuntura de la construcción del segundo trimestre elaborado por el Servicio de Estudios de la entidad cameral reflejan un incremento de la licitación oficial de obra pública, con un aumento del 30,4% respecto al mismo periodo del año anterior y del 26,7% respecto al trimestre precedente. Sin embargo, esta evolución está muy concentrada en la edificación, cuyo presupuesto licitado creció un 112,2% interanual, mientras que la obra civil descendió un 40,4%.
Para la Cámara, estos datos deben interpretarse teniendo presente que el volumen de obra que sale a licitación y el volumen de inversión que finalmente se ejecuta no son necesariamente equivalentes. La primera cifra refleja las actuaciones que las administraciones ponen en el mercado; la segunda depende de que esas actuaciones puedan adjudicarse y materializarse.
“Más licitación no significa necesariamente más inversión efectiva. Tenemos que conseguir que los proyectos salgan a concurso en unas condiciones que permitan que las empresas puedan concurrir, que las adjudicaciones se produzcan y que las obras finalmente se ejecuten”, señala Sesé.
Un mercado de vivienda dinámico, pero con una oferta insuficiente
La evolución del mercado inmobiliario durante el segundo trimestre muestra que la demanda mantiene un comportamiento dinámico. La compraventa de viviendas aumentó un 1,1% interanual, impulsada fundamentalmente por la vivienda usada, que registró un crecimiento del 4,4%, mientras que la compraventa de vivienda nueva descendió un 7,5%.
Para la Cámara, estos datos deben analizarse conjuntamente con la evolución de los precios. El precio de la vivienda libre aumentó un 14,2% interanual, mientras que el de la vivienda protegida lo hizo un 3,7%, al tiempo que el precio del suelo registró un incremento del 21,1%.
Sesé considera que esta evolución refleja la presión que existe sobre un mercado en el que la demanda sigue encontrando dificultades para encontrar una oferta suficiente. “No podemos analizar el problema de la vivienda únicamente desde la demanda. Si no somos capaces de aumentar la oferta, la presión termina trasladándose a los precios y también al suelo, que se convierte en uno de los principales factores que dificultan el desarrollo de nueva vivienda”, apunta.
A su juicio, el incremento del precio del suelo constituye además un elemento que puede dificultar la puesta en marcha de nuevos proyectos, especialmente cuando se combina con los costes de construcción y con unos procedimientos administrativos que requieren plazos prolongados.
Por ello, la Cámara considera que aumentar la oferta de vivienda exige actuar de manera simultánea sobre el suelo, la tramitación administrativa, la construcción y la disponibilidad de inversión, especialmente en vivienda asequible y protegida.
Un sector con empleo y confianza para responder a una mayor inversión
Este contexto se produce, además, en un momento en el que el sector de la construcción mantiene un tono positivo en actividad, empleo y confianza empresarial.
El buen tono del sector también se refleja en el mercado laboral. Con datos actualizados al cierre del tercer trimestre se aprecia como la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 0,7% interanual en el promedio del tercer trimestre y septiembre cerró con 63.314 trabajadores, 837 más que un año antes. Al mismo tiempo, el paro registrado mantiene una trayectoria descendente: cayó un 8,1% interanual en el promedio del trimestre y terminó septiembre con 11.343 desempleados, 923 menos que en el mismo mes de 2025, un 7,5% menos. Estos datos apuntan a un sector que, pese a no experimentar un fuerte crecimiento de la afiliación, mantiene una base de empleo sólida y continúa reduciendo el número de personas desempleadas
La evolución de la actividad encuentra también respaldo en otros indicadores, como las ventas de cemento, que aumentaron un 14,4% interanual durante el segundo trimestre.
A ello se suma la evolución de la confianza empresarial. El indicador de confianza de la construcción aumentó un 2,3% en julio, mientras que el 70% de las empresas esperaba mantener estable su actividad durante el tercer trimestre. Tanto la valoración de la situación como las expectativas se mantuvieron en terreno positivo.
Para la Cámara, estos indicadores muestran que el sector afronta el segundo semestre con un tono favorable, tanto por el comportamiento registrado durante el trimestre como por las expectativas empresariales para los meses de verano.
“Tenemos un sector que mantiene actividad, empleo y confianza, y que está en condiciones de responder a una mayor inversión. Lo que necesitamos es que las condiciones para ejecutar esa inversión sean también las adecuadas”, señala Sesé.
Convertir la inversión prevista en inversión ejecutada
La Cámara de Comercio considera que este contexto debe aprovecharse para acelerar aquellas inversiones que permitan aumentar la capacidad productiva de Canarias y resolver algunos de los principales obstáculos que condicionan su crecimiento.
En este sentido, Sesé insiste en que la vivienda y las infraestructuras forman parte de un mismo problema de capacidad de respuesta. “Necesitamos más vivienda para facilitar el acceso al empleo, pero también infraestructuras que acompañen el crecimiento económico y demográfico de las Islas. Necesitamos disponer de agua y energía en condiciones competitivas y necesitamos una Administración capaz de tramitar y ejecutar con mayor agilidad”, señala.
La institución considera que los retrasos en la ejecución de infraestructuras, las licitaciones que quedan desiertas o los procesos que tienen que volver a plantearse terminan afectando tanto a la actividad de las empresas como a la capacidad de Canarias para transformar su crecimiento económico.
“Las Islas necesitan ejecutar las inversiones en tiempo y forma para avanzar hacia un crecimiento de mayor calidad. No se trata solamente de disponer de recursos o de anunciar proyectos, sino de conseguir que lleguen al territorio y se conviertan en infraestructuras, vivienda y servicios que respondan a las necesidades reales de las empresas y de la sociedad”, concluye el presidente de la Cámara de Comercio.