La preocupación por la crisis de vivienda es creciente y transversal entre los españoles, independientemente de su edad, su intención de voto y su situación residencial. Es algo que preocupa al 84% de los encuestados en el barómetro de 40db para la Cadena Ser y El País, que refleja un apoyo muy amplio a las medidas de intervención en el mercado para facilitar el acceso a una vivienda, algo que, según dice el 58% de los encuestados, es ahora mucho más difícil que hace cinco años.
Dos tercios de los encuestados ven necesario limitar los precios de la vivienda para impedir que el mercado establezca libremente esos precios. Una apuesta que respaldan el 77% de los inquilinos, pero también un 56% de los caseros y que recibe un apoyo muy mayoritario entre los votantes de izquierda, pero también -aunque más reducido- entre los votantes de PP y Vox. En estos casos, son más del 55% los simpatizantes de los partidos de derecha que defienden la intervención de los precios.
En general, los encuestados aprueban la mayoría de las medidas de política de vivienda que han recorrido el debate público en las últimas semanas. La más aplaudida es la ampliación de la oferta de vivienda, seguida por la introducción de ventajas fiscales a pequeños propietarios, los seguros de impago para los que alquilen viviendas vacías y el aplazamiento de los desahucios. Pero también son ampliamente aplaudidas la limitación de la subida anual de los alquileres o la prohibición de los pisos turísticos en edificios residenciales.
Sí se ven más diferencias a la hora de señalar los responsables de la situación actual. La mayoría de los encuestados, un 43,3%, miran al gobierno central, muy por delante de los que apuntan que son las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Pero el desglose de las respuestas revela que los votantes de los partidos de derechas culpan muy mayoritariamente al gobierno central, mientras que los de izquierdas, especialmente los de Sumar, responsabilizan a las comunidades autónomas.
También hay diferencias claras a la hora de valorar el desahucio de Maricarmen, porque aunque más del 60% considera que no se puede desalojar de su vivienda a una persona mayor sin ofrecerle alternativa habitacional, los votantes de PP y Vox priorizan el derecho del propietario a decidir sobre su vivienda por encima de la protección a las personas mayores.
