El Gobierno de coalición ha acordado no retirar ninguno de los dos reales decretos de vivienda como ha exigido Junts, que ha anunciado en la noche de este jueves que no apoyará ninguno de los decretos que se votan este viernes en el Congreso en un pleno extraordinario.
«Se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía», señalan fuentes del Gobierno, añadiendo que estos decretos «contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios».
Además, afean la postura de la derecha, ultraderecha y neoconvergentes: «Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites». «España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente», sostienen.
«Por eso agradecemos la responsabilidad y el compromiso mostrados por ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria que ya han anunciado que mañana votarán a favor de mejorar la vida de millones de personas», sentencian.
El rechazo de Junts
En el comunicado que Junts ha lanzado a última hora de este jueves anunciando que no apoyarán ninguno de los dos decretos de vivienda, sostienen que «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden«, y aseguran que reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica.
También defienden que «no se paran los fondos buitre» ya que, con el redactado actual, consideran que estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables. Asimismo, sostienen que con estos decretos «no se resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables», porque no se garantiza el pago por parte de la Administración y consideran que determinadas medidas «suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias», y que buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora.
