Por Francisco Rodríguez Pulido*.- Llega el quinto aniversario del volcán Tajogaite. Y un año más, la ignominia de las administraciones palmeras, Cabildo y ayuntamientos. No hay ningún acto oficial que evoque y recuerde el 19 de septiembre. Sencillamente, optan por el pan y circo, la anestesia y la segunda sepultura. Olvidar una catástrofe humanitaria es como olvidar el día en que falleció nuestro ser más querido.
Días antes del 19 de septiembre de 2021, la tierra ya hablaba un lenguaje inequívoco en el Valle de Aridane. Los temblores constantes sacudían las estructuras de los hogares, haciendo vibrar cristales, vajillas y paredes. Bajo las baldosas de las cocinas se registraba un calor inusual, los inodoros sufrían vacíos de agua y borboteos hirvientes, y la fauna reaccionaba con un comportamiento anómalo y aterrado. Así se cuenta en testimonios reales.
Sin embargo, el sábado 18 de septiembre, cuando las autoridades convocaron una reunión informativa en el campo de lucha de Las Manchas, la dirección del PEVOLCA (Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico) y los responsables públicos concentraron la atención exclusivamente en los barrios del sur (Jedey, San Nicolás y Las Manchas de Abajo), asegurando que, de haber una erupción, se produciría en esa dirección y que la población dispondría de un margen de aviso de dos a tres días bajo semáforo (o nivel de alerta) naranja.
De forma sistemática e incomprensible, los vecindarios de El Paraíso, Calle Alcalá, El Pastelero y Camino Campitos o Todoque fueron excluidos de la convocatoria. A los vecinos que intentaron acudir por iniciativa propia tras salir de misa o movidos por la inquietud, se les impidió el acceso o se les instó a marcharse, reiterándoles oficialmente que sus viviendas «no corrían peligro directo e inminente». La confianza en las consignas institucionales fue tal que algunos residentes de Jedey trasladaron sus vehículos e incluso enseres a los garajes de familiares o amigos de El Paraíso por considerarlo un refugio seguro.
En la mañana del 19 de septiembre fueron muchos vecinos los que vieron los sensores en el cielo y el silencio en la tierra. El domingo amaneció con temblores crecientes que hacían sentir el suelo «como una serpiente» o «una centrifugadora» girando bajo las viviendas. Mientras la televisión autonómica y el Comité de Dirección del PEVOLCA, que mantenía aún el semáforo en amarillo, informaban a las 13:30 horas de que no existía evidencia de un peligro inminente, la realidad en el aire dibujaba un panorama opuesto helicópteros y un avión especializado bimotor con cámaras térmicas sobrevolaban exactamente la zona de Cabeza de Vaca y El Paraíso. A las ocho de la mañana, la fuerza pública expulsaba a los cazadores del monte en esa zona.
Pero nadie emitió una orden de evacuación ni activó las alarmas de protección civil. Tan solo pasadas las once de la mañana, algunos concejales recorrieron de forma dispersa varias calles sugiriendo «preparar una bolsita con una muda, por si acaso», pero tranquilizando a las familias con la premisa de que cualquier erupción tardaría días en materializarse o brotaría mucho más al sur. Los hechos son claros, aunque quisieran seguir ocultándolo. La gestión de la emergencia en el seno del PEVOLCA fue un fracaso.
A las 15:12 horas sobrevino la explosión, la huida y el despojo de una vida. Con el almuerzo en la mesa y las familias en sus hogares, la tierra reventó atronadora a escasos cientos de metros de las casas de El Paraíso y Calle Alcalá. La ausencia de un plan de evacuación derivó en un pánico absoluto: una autoevacuación desesperada. Los vecinos huyeron con lo puesto, sorteando atascos, con lluvia de piroclastos y gritos de auxilio.
En cuestión de minutos quedaron atrás para siempre las puertas abiertas de par en par, los recuerdos familiares recopilados durante generaciones, las fotografías de los antepasados, los enseres, las herramientas de labranza y los animales domésticos y de granja que no pudieron ser rescatados. “Huimos con lo puesto”.
El volcán y las coladas, durante 85 días, dictaron sentencia sobre un entorno habitado. Las pérdidas siguieron a un duelo, aún inconcluso para muchos. Porque la falta de preaviso oficial desencadenó una trampa financiera y jurídica destructiva. Al habérseles asegurado reiteradamente que sus barrios estaban fuera de riesgo, la mayoría de los afectados no tuvo la oportunidad de actualizar o contratar pólizas de seguro con la antelación exigida por el Consorcio de Compensación.
Posteriormente, el tránsito del duelo se vio agravado por el hacinamiento en viviendas de amigos o familiares, en los cuarteles militares o viviendas prestadas, e incluso en caravanas y coches. Luego vino el entramado burocrático del Registro Único y la rigidez de los decretos dejaron desamparadas a personas no propietarias, usufructuarias o con situaciones familiares sobrevenidas, agravando las secuelas psicológicas, la ansiedad y el insomnio recurrente de la población.
Cinco años después, las personas afectadas han sido canceladas, silenciadas o acalladas. Y tras las elecciones de mayo de 2023, las manifestaciones y concentraciones, que durante dos años sacaron a la gente a la calle, desaparecieron. No creo que hoy nadie dude de que hubo políticos que usaron el dolor de una catástrofe en beneficio propio y de su gente. Y eso es muy grave.
A pesar de que en abril de 2023 ya fue creado por el Cabildo, y en la Ley de Reconstrucción de junio de 2024 se consolidó, el Consejo Sectorial para la Reconstrucción Económica y Social de La Palma, nunca ha sido convocado. Hay gobernantes que prefieren tener a sus ovejas en el corral. La manipulación política interesada se plasmó de una manera vergonzosa en convertir la ley de iniciativa popular, la Ley de Volcanes, en un instrumento de control social o para repartir dividendos entre cierta gente.
Aquel catastrófico 19 de septiembre nunca puede ser olvidado, ni las mentiras que aún persisten. Frente al intento oficial de negar los hechos y ocultar la información, la memoria colectiva exige justicia: es imprescindible la apertura, entrega e inspección de las actas y grabaciones de las reuniones del PEVOLCA. Solamente la Asociación Tierra Bonita sigue en los tribunales exigiendo esa documentación, con el apoyo público de 8 colectivos vecinales y de afectados. Y continuamos hacia esa meta porque la sociedad necesita conocer exactamente qué hicieron o dijeron o qué no los responsables científicos, los técnicos y la dirección política durante las horas previas a la erupción.
Aunque el volcán no provocó víctimas mortales, salvo el recuento oficial de un fallecimiento, son muchas las personas que sí se han quedado en el camino: suicidios, cánceres, ictus, infartos… Y deterioros de la salud, física y mental, como así lo testifica ya el estudio científico ASHES. La realidad es que el volcán tuvo un impacto psicológico y emocional devastador, provocado tanto por la vivencia traumática del estallido sin aviso previo, como por el posterior duelo por la pérdida de hogares, recuerdos y animales. Y esto nunca se ha valorado ni tratado en su justa dimensión. Toda la clase política en el poder ha sido cómplice por activa o por pasiva.
¿Quién es responsable de los episodios recurrentes de ataques de ansiedad, llantos y cuadros depresivos?¿Quién puso sus vidas en peligro pese a que la erupción era inminente? Familias enteras, despojadas de su tierra, su casa, sus pertenencias. Y familiares obligados a contener su sufrimiento para sostener al núcleo familiar. Y familias rotas. Porque al dolor de las pérdidas materiales se une el dolor por la pérdida de la memoria sentimental y el desarraigo.
Pero el impacto más doloroso no proviene únicamente de la pérdida económica, sino del despojo de la memoria afectiva e identidad personal. Perder fotografías de antepasados, objetos heredados, herramientas de trabajo artesanal o tener que abandonar a sus animales de compañía y granja en la precipitación de la huida provocó una herida sentimental que los damnificados se llevarán a la tumba.
Las personas afectadas hemos recibido todo tipo de humillaciones. Los políticos, los técnicos, los científicos, los militares y las fuerzas de orden público han sido agasajadas con premios y medallas a pesar de que ninguno merecía estos reconocimientos. No han sido capaces en ningún momento de hacer autocrítica de que sabían cuál era la zona cero y la inminencia de la erupción. Nadie ha sido honesto y ha devuelto esas medallas manchadas de dolor.
Las administraciones han querido ser dioses. Aún con las lavas calientes, ya mencionaban la “reconstrucción”. Revivir el Valle fue el eslogan utilizado por las administraciones para “solucionar” la catástrofe. Rápidamente, los ayuntamientos ya cuantificaban cuánto costaría reconstruir las carreteras y caminos sepultados. La realidades que, cinco años después, están en una interminable e infinita recuperación, negando una y otra vez la irreversibilidad de la catástrofe.
Cinco años después seguimos bajo un manto de cenizas de la opacidad. La isla sigue en semáforo amarillo. Es la trampa del estado de excepción perpetuo. Porque, transcurrido este tiempo, el sufrimiento de la comunidad ya no proviene del basalto, sino de la perpetuación artificial del estado de emergencia, la actitud y la intransigencia de mantener aún activa la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAEPC), y zonas de exclusión donde, salvo las administraciones, nadie puede entrar e intervenir, aunque sean propiedades privadas.
La declaración de Zona Catastrófica, concebida en la Ley 17/2015 para atender crisis temporales y agilizar la respuesta inmediata, se ha convertido en un dispositivo de control y gasto discrecional que elude los mecanismos ordinarios de contratación pública y transparencia, lo que deja las puertas abiertas a los intentos de especulación, de fraude y de corrupción.
Es necesario reivindicar la memoria y la recuperación de la verdad. No se trata de revivir el trauma, sino de que prevalezca la verdad. Solo el azar -que la tierra abriera sus bocas de lava a unos cientos de metros de distancia de las casas y no debajo de ellas, y que no fuera en horas nocturnas- evitó una mortandad masiva de personas (sí la hubo de animales).
LA RECONSTRUCCIÓN COMO CONTROL: SUBVENCIONES E IRREGULARIDADES
Tras el cambio político de mayo de 2023, la gestión de la post-emergencia, lejos de corregir el rumbo, profundizó en el oscurantismo. La promesa de una reconstrucción transparente cedió el paso a un enfoque centrado en el asistencialismo condicionado y la fragmentación administrativa. El hito normativo de este periodo, la Orden del 2 de julio de 2024 del Gobierno de Canarias, se ha vertebrado como un instrumento que ha propiciado un entramado de ayudas y compensaciones plagado de sombras de irregularidades, rigideces y tasaciones oficiales uniformes, injustas e insolidarias.
Las administraciones han utilizado los recursos públicos como un mecanismo de contención social. Cientos de familias no propietarias, usufructuarias o con situaciones familiares complejas han quedado invisibilizadas por decretos inflexibles, mientras se presencia con estupor cómo se abren caminos sobre las coladas con una agresividad e improvisación técnica que destruye el paisaje sin un plan territorial consolidado ni consenso comunitario. La “reconstrucción” se hace con una falta total y absoluta de planificación. Se está perdiendo una gran oportunidad de recuperar y reparar para mejorar. Algunos políticos y partidos pretender callar a la gente con dinero y culpar de todo a otras administraciones.
Quiero aportar dos evidencias de catástrofes, cuya gestión demuestra que las cosas se podrían hacer de otra manera. Me refiero al terremoto en Chistrchurch en Nueva Zelanda y el volcán Kilauea en 2018 en Hawái.
La ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda), tras los sismos de 2011, optó por un modelo de reconstrucción amparado por un marco legal específico (Canterbury Earthquake Recovery Act) y la creación de una entidad única y centralizada con plenas competencias de planificación, la Canterbury Earthquake Recovery Authority (CERA). Es decir, un consorcio público que nunca se valoró en La Palma, ya queno cuadraba con los intereses de pocos. Al contrario, seguimos padeciendo enfrentamientos Estado-Canarias y reparto de prebendas.
En Nueva Zelanda no se limitaron a repartir subsidios fragmentados: articularon un proyecto territorial estratégico mediante proyectos ancla (anchor projects) culturales, científicos y urbanos, combinados con plataformas de participación ciudadana real como Share an Idea y proyectos comunitarios de cohesión social.
El otro ejemplo de reconstrucción comunitaria ha sido en Hawái, del que quiero mencionar el programa de recompra voluntaria de viviendas (CDBG-DR Voluntary Housing Buyout Program), tras la erupción del Kīlauea en 2018. Un programa que estableció criterios transparentes, priorizando la equidad socioeconómica y evitando la duplicidad de penalizaciones financieras.
El modelo de Hawái se concibió en priorizar formalmente a los hogares de ingresos bajos y moderados –destinando por ley al menos el 70% de los fondos a este colectivo- y a las viviendas habituales frente a segundas residencias o terrenos baldíos. Por el contrario, el Gobierno Canario concibió criterios rígidos, opacos, que han dejado en desamparo o invisibilizadas a personas no propietarias, usufructuarias o con situaciones familiares sobrevenidas. Y, a diferencia de Hawái, las administraciones canarias han mantenido una gobernanza fragmentada entre consejerías, empresas públicas como Gesplan y corporaciones locales, incapaces de asumir un papel transformador a largo plazo.
La negativa del Gobierno de Canarias a dar conocer los protocolos y la identidad de los beneficiarios de las subvenciones nos deja en un mar de dudas. Propiedades infravaloradas y ayudas denegadas, frente a otras sobrevaloradas. Tal falta de transparencia, que se ha pretendido blindar introduciendo un artículo en la Ley de Volcanes, abre las suspicacias sobre posibles tráficos de influencias, desviaciones de poder, malversaciones de fondos públicos… A tal extremo ha llegado el Gobierno canario que ha recurrido el requerimiento del Comisionado de Transparencia para que estos datos se den a conocer.
La gobernanza es y sigue siendo fragmentada e improvisada. La apertura de viales sobre las coladas con maquinaria pesada, sin un plan territorial integral, con destrozos y anchos inexplicablemente propios de autopistas, siembra muchos interrogantes. En La Palma la ausencia de un Consorcio Único o Autoridad de Reconstrucción, que coordine las actuaciones entre ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias, es algo que estamos pagando muy caro. Todas las administraciones son responsables. Incluido el Comisionado para la Reconstrucción, que ha sido básicamente una marioneta de unos y otros.
El modelo de reconstrucción se resume en dos palabras: destrucción de coladas, sin rumbo y sin memoria. Y la recuperación de viales encarna lo que la literatura de catástrofes denomina una recuperación sin transformación; priorizando la apertura de trazados viarios mediante el destrozo mecanizado de las coladas con una agresividad insólita, ejecutando obras declaradas urgentes sobre suelo privado sin expedientes de expropiación, sin justiprecios transparentes y sin la aprobación previas de estudios de viabilidad territorial ni ambiental.
Cinco años después, ¿por qué ese empeño oficial en olvidar la catástrofe? Cuando somos olvido, no existimos. La mayor catástrofe humanitaria volcánica en Europa en el último siglo merece ocupar un lugar destacado en la memoria y el recuerdo. Ante ello, creo necesario que haya voces que se sumen a esta reivindicación. Y como ejemplo, quiero que en la isla se recoja la lección del volcán de Heimaey, en Islandia, en 1973.
Cuando la isla islandesa de Heimaey sufrió en 1973 la devastadora erupción del volcán Eldfell, su población escribió una página épica de dignidad: combatieron activamente la colada bombeando millones de toneladas de agua de mar para enfriar el magma y salvar el puerto, motor económico y corazón vital de la comunidad. Pero la verdadera lección de Heimaey llegó años después con la creación del Museo de Eldheimar (conocido como la Pompeya del Norte). Construido alrededor de las viviendas excavadas tras permanecer décadas sepultadas por la ceniza, Eldheimar no se concibió como un frío pabellón geológico, sino como un santuario de la memoria humana, un espacio emocional y riguroso que muestra el impacto real en la vida cotidiana de las personas y preserva las raíces de la ciudad perdida.
En el Valle de Aridane hay otra Pompeya. Es necesario mirarse en el espejo de Eldheimar para impulsar una iniciativa jamás planteada por las instituciones: el Museo de la Memoria del Volcán Tajogaite. Este espacio no debe ser un adorno turístico, sino un escenario vivo de resistencia ciudadana y restitución de la identidad. Un museo que combine la conservación del patrimonio rescatado con una recreación virtual e interactiva inmersiva que permita a las futuras generaciones y a los propios damnificados volver a caminar por los desaparecidos núcleos de El Paraíso, Calle Alcalá, Todoque o los barrios agrícolas sepultados, recuperando la memoria de los paisajes, las viviendas y el tejido social que el basalto sepultó.
Esta propuesta contrasta de forma sangrante con la obsesión institucional actual por el Centro Nacional de Vulcanología. Durante años, las administraciones locales e insulares han protagonizado un bochornoso mercadeo y pujas territoriales con el Estado para dirimir qué isla se adjudica la sede. Se trata de una ambición hueca y vacía de significado social, un trofeo político parapetado tras la excusa de la vigilancia volcánica que ignora el dolor humano. Las autoridades prefieren debatir sobre despachos técnicos y titularidad administrativa antes que dedicar recursos a levantar un verdadero templo de la memoria y la verdad para las personas afectadas.
Pero la reivindicación de la memoria del volcán necesita, y nunca es tarde para ello, que se cree ese consorcio único. Curiosamente, la propia Ley de Volcanes lo recoge en la disposición adicional primera: “En la isla donde se produzca una erupción volcánica, el Gobierno de Canarias valorará preferentemente la creación de un organismo público, de naturaleza consorcial, con personalidad jurídica propia y diferenciada”.
Y se necesita un cambio de paradigma. Un cambio radical en la narrativa institucional, que aún sigue insistiendo en encuadrar lo sucedido como un “desastre natural” gestionado con éxito porque la lava no causó víctimas mortales. Sin embargo, las administraciones nunca han sabido entender que lo ocurrido en La Palma no fue simplemente una catástrofe de la naturaleza, sino una profunda catástrofe humanitaria.
Sin embargo, en Canarias el vulcanismo histórico rara vez ha sido agresivo con la vida humana directa: en 17 erupciones históricas registradas desde el siglo XV, el balance total es de 25 fallecimientos, correspondiendo la gran mayoría a los sismos asociados y no al avance de las coladas.
La evidencia de que el vulcanismo no ha sido letal para las vidas humanas también pasó con el Tajogaite. El vulcanismo canario no mata personas porque el magma avanza a velocidades que permitían el desplazamiento a pie, y la suerte quiso que las bocas eruptivas se abrieran a unos cientos de metros de los núcleos habitados. Por tanto, evaluar el impacto del volcán en función de la ausencia de muertes inmediatas para proclamar un éxito de gestión constituye un cinismo aterrador.
Al reducir la tragedia a una variable geológica y perpetuar un régimen administrativo de emergencia excepcional, el poder político ha eludido su responsabilidad en la protección de la población el 19 de septiembre de 2021 y ha convertido la reconstrucción en una trampa de opacidad, intervencionismo y asistencialismo.
La catástrofe del Valle de Aridane fue y es estrictamente humanitaria: el despojo repentino del hábitat de más de 7.000 personas evacuadas, la destrucción irreversible de casi 1.600 viviendas, escuelas, comercios y la iglesia de Todoque (en realidad, casi 3.000 construcciones). Y a ello se añade el quiebre del tejido social, la mutilación de las raíces comunitarias y la condensación de un trauma psicológico reflejado en insomnio, depresión y un aumento desmedido en la prescripción de psicofármacos.
Tratar como un mero evento geológico lo que fue un cataclismo social y personal revela la ceguera de unas administraciones públicas que ignoraron que el verdadero centro de la tragedia eran los seres humanos. Es hora ya de superar la trampa del estado de excepción perpetuo. El semáforo amarillo debe pasar a verde, y la declaración de la ZAEPC (zona afectada gravemente por emergencias de protección civil) debe ser cancelada, sustituyéndola por una declaración como Zona de Reconstrucción Permanente respaldada por la reciente Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias
Un estado de emergencia que no se extingue porque el daño es geológicamente irreversible deja de ser una emergencia para convertirse en un estado de excepción encubierto.
Pero, en este quinto aniversario, mis perspectivas son pesimistas. El ideal de una “reconstrucción comunitaria, transparente y solidaria” se esfuma. La ceguera, las ambiciones, los egoísmos políticos, los intereses de los lobbies del Valle, el discurso de las instituciones presumiendo de lo bien que lo hacen y lo mal que lo hace el rival político, son barreras casi infranqueables, desgraciadamente.
*.-Presidente de la Asociación Tierra Bonita