Canarias inicia un curso político especialmente importante. Será el último completo antes de las elecciones de 2027 y, precisamente por ello, debemos evitar que el calendario electoral desplace aquello que verdaderamente importa: resolver los problemas de los ciudadanos, culminar los compromisos adquiridos y transformar las oportunidades en mejoras concretas para la vida de las personas.
Las islas atraviesan un momento económico que ofrece posibilidades, pero también mantiene déficits estructurales que no podemos ignorar. Tenemos crecimiento y mayor capacidad presupuestaria, pero seguimos afrontando dificultades en vivienda, pobreza, salarios, productividad, servicios públicos y cohesión territorial. Y el progreso debe medirse, sobre todo, por su capacidad para mejorar el bienestar de quienes viven en nuestras ocho islas.
Una primera prioridad será contar con unos presupuestos autonómicos para 2027 que respondan a las necesidades reales del Archipiélago. Las cuentas públicas deben fortalecer los servicios esenciales, impulsar la inversión y atender a quienes más lo necesitan. Pero tan importante como disponer de recursos es gestionarlos bien.
A ello se suma el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias, con 2.600 millones de euros durante los próximos diez años. La cooperación entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos debe permitir que estos fondos se traduzcan en infraestructuras, equipamientos, oportunidades económicas y mejores servicios.
También resulta imprescindible abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace catorce años. Canarias necesita recursos suficientes para sostener la sanidad, la educación y las políticas sociales, preservando con absoluta claridad nuestro Régimen Económico y Fiscal y las singularidades que derivan de nuestra condición territorial.
Pero si existe una preocupación que atraviesa hoy a la sociedad canaria es la vivienda, especialmente entre nuestros jóvenes. No podemos resignarnos a que emanciparse resulte inalcanzable. Necesitamos aumentar la oferta, movilizar suelo, agilizar procedimientos y actuar desde todas las administraciones con una estrategia común. Lo mismo que hay que hacer, sin demora, para disponer de más plazas para aquellos estudiantes que salen de las islas no capitalinas para cursar estudios superiores en Tenerife o Gran Canaria.
Junto a ello debemos afrontar con responsabilidad el reto demográfico. Canarias necesita ordenar su crecimiento, dimensionar adecuadamente sus infraestructuras y servicios y compatibilizar el desarrollo económico con la calidad de vida y la protección de nuestros recursos.
Esto enlaza con la diversificación económica. El turismo seguirá siendo un pilar fundamental, pero debemos fortalecer también el comercio, la industria, el sector primario, el emprendimiento, la investigación, el conocimiento y la innovación. Diversificar significa construir una economía más resistente y capaz de generar mejores salarios y oportunidades para nuestros jóvenes.
Y en todos estos desafíos debemos incorporar una cuestión esencial: la cohesión territorial. Canarias no puede avanzar a distintas velocidades. Vivir en una isla no capitalina no puede significar disponer de menos oportunidades o afrontar mayores dificultades para acceder a servicios básicos. La doble insularidad, la fragmentación territorial y las diferencias demográficas deben estar presentes en las decisiones públicas.
Tenemos, por tanto, un curso político que debe estar marcado por la gestión y los resultados. Habrá tiempo para las elecciones. Ahora debemos concentrarnos en gobernar y resolver.
