La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha planteado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias la necesidad de aprovechar las conclusiones del estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la transformación urbanística del suelo para reducir las trabas administrativas que retrasan durante años la construcción de vivienda en las islas.
Durante la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la parlamentaria de ASG advirtió de que la lentitud del planeamiento urbanístico constituye uno de los factores que dificultan la movilización del suelo y, en consecuencia, la ampliación de la oferta residencial.
Melodie Mendoza recordó que, según el estudio analizado, España cuenta con una de las regulaciones sobre el uso del suelo más restrictivas del entorno de la OCDE y señaló que la aprobación de un plan general puede prolongarse entre seis y ocho años.
“Esto supone que en ocho años el suelo no se moviliza, que en ocho años no se construye vivienda y que durante esos ocho años el precio de la vivienda sigue aumentando”, afirmó.
Destacó que el informe de la CNMC refleja “luces y sombras” en el caso de Canarias. Entre los aspectos positivos, subrayó que el Archipiélago figura entre las pocas comunidades autónomas que han desarrollado en la práctica esquemas de planeamiento supramunicipal y recordó que Canarias eliminó la segunda aprobación provisional, un trámite que continúa duplicándose en otros territorios.
Asimismo, resaltó que Canarias es la única comunidad autónoma que delega con carácter general la aprobación definitiva del planeamiento en los propios ayuntamientos. “La CNMC llega a plantear como recomendación para toda España avanzar hacia el modelo que ya aplicamos en Canarias”, señaló.
No obstante, la presidenta del Grupo Parlamentario ASG consideró necesario actuar sobre las debilidades que también identifica el organismo. Entre ellas, citó la inexistencia de un plazo legal para la aprobación definitiva de los planes, una circunstancia que genera incertidumbre, así como la falta de desarrollo pleno de determinadas figuras de gestión urbanística y la acumulación de informes derivados de algunas normativas sectoriales.
Mendoza sostuvo que el estudio “no resuelve por sí solo el problema de la vivienda”, pero consideró que ofrece un diagnóstico riguroso sobre los obstáculos administrativos que ralentizan la construcción tanto de vivienda protegida como privada.
Por ello, instó al Gobierno de Canarias a analizar las recomendaciones de la CNMC y utilizarlas como base para seguir avanzando en la simplificación y agilización de los procedimientos urbanísticos, preservando al mismo tiempo las garantías necesarias.
“Tenemos la oportunidad de tomar en serio estas recomendaciones, manteniendo y reforzando lo que ya funciona en Canarias y corrigiendo con decisión aquello que el propio regulador de la competencia nos señala que todavía es mejorable”, resaltó.