El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado esta mañana la futura creación de una oficina técnica de apoyo a aquellos ayuntamientos que tengan que afrontar proyectos relacionados con el saneamiento y la depuración de aguas. Miranda ha vinculado esta iniciativa con la necesidad de “impulsar el cumplimiento de las medidas cada vez más exigentes en materia de tratamiento de aguas residuales, que muchos municipios de Canarias, sobre todo los de menores recursos económicos y humanos, no pueden afrontar”.
Manuel Miranda ha recordado que las competencias en esta materia son, en líneas generales, de los ayuntamientos, aunque ha indicado que, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la ley establece que sean los consejos insulares los que las asuman. El consejero ha señalado que la legislación europea “se ha ido endureciendo y Canarias debe seguir incorporando nuevos mecanismos para cumplir las exigencias de una normativa cada vez más exigente con el medio natural, con la que estamos plenamente de acuerdo”.
Se ha referido, en concreto, a la transposición de la Directiva europea 2024/3019, que se encuentra en periodo de alegaciones y que será aprobada en el segundo semestre de 2027. Esta directiva, entre otras obligaciones, rebaja los mínimos de cumplimiento por población para todo el territorio europeo, “sin tener en cuenta las condiciones desiguales que se dan en el Archipiélago”.
Entre estas condiciones, ha citado la existencia de redes de colectores en medianías y núcleos dispersos, los kilómetros de conducciones, los bombeos necesarios y las afecciones a barrancos y espacios protegidos. Miranda ha explicado que “Canarias comparte plenamente los objetivos ambientales de la Directiva, no pedimos menos protección, ni excepciones generales, pero sí un régimen de aplicación propio, motivado y verificable”.
Por esta razón, ya se ha trasladado al Gobierno de España esta especial necesidad de Canarias, para dar a conocer que “las circunstancias especiales del Archipiélago requieren un tratamiento diferenciado, además de un extra de financiación, precisamente siguiendo la filosofía del artículo 349 del Tratado fundacional de la Unión Europea”.
El objetivo es que “se incorpore una disposición adicional en esa directiva que atienda a las especificidades de las RUP, se diseñe un Plan Canario de adaptación a la directiva, se analicen los sistemas individuales de saneamiento y depuración como una posible solución frente a la dispersión y se elabore un calendario realista con una ficha financiera adecuada”.
Además de las primeras reuniones con el MITECO, el consejero ha anunciado próximos encuentros con los consejos insulares y la creación de una “oficina de apoyo técnico a los municipios, sobre todo a los de menor población, para impulsar las políticas en materia de saneamiento y depuración”, que funcionaría “de manera similar a la que se puso en marcha en el plano técnico-urbanístico y que ha sido un éxito entre los pequeños municipios de Canarias”.
Miranda ha recordado que, mientras se lleva a cabo este proceso, este Gobierno “gestiona alrededor de 70 millones de euros en diferentes proyectos estratégicos en todas las islas, fondos procedentes de diferentes administraciones, que permitirán mejorar el sistema de saneamiento y depuración”.
Ha puesto algunos ejemplos, como el nuevo sistema en La Graciosa, Playa Blanca (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura), San Blas (Tenerife), El Paso (La Palma), El Cotillo (Fuerteventura) o Valle Gran Rey (La Gomera).