El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha valorado este jueves el compromiso asumido por el presidente del Gobierno de Canarias de aprobar, entre los meses de septiembre y diciembre, un decreto ley que adapte los requisitos exigidos a las viviendas vacacionales a la realidad de las Islas Verdes y conceda a sus propietarios un periodo de cinco años para adecuarse a la nueva regulación.
Curbelo explicó que este compromiso permitirá continuar corrigiendo aquellos aspectos que no han podido resolverse durante la tramitación parlamentaria de la ley reguladora de las viviendas vacacionales, especialmente los relacionados con la consideración de esta modalidad alojativa como actividad clasificada y con las dificultades que determinadas exigencias pueden generar en La Gomera, La Palma y El Hierro.
“El objetivo debe ser disponer de una actividad regulada, sostenible y posible, sin imponer obstáculos legales insalvables y garantizando, al mismo tiempo, la seguridad jurídica de quienes llevan años desarrollándola legítimamente”, afirmó.
El líder de ASG indicó que el futuro decreto deberá establecer unos requisitos mínimos en materia de seguridad, salubridad, accesibilidad y convivencia, ajustados a la normativa estatal y autonómica, pero también a las características territoriales, urbanísticas y socioeconómicas de las Islas Verdes. Asimismo, se analizará la posibilidad de reconocer como inocuas determinadas tipologías de viviendas vacacionales, una propuesta defendida por ASG durante toda la negociación.
Curbelo destacó que el trabajo desarrollado por su formación ha permitido introducir en el texto numerosas mejoras dirigidas a proteger a los actuales titulares y facilitar la continuidad de la actividad. Entre ellas, figura la consolidación efectiva de las viviendas vacacionales de las Islas Verdes, sin necesidad de someterse al sistema general previsto en la ley, aunque sus titulares deberán acreditar la presentación de la comunicación previa de actividad clasificada.
También se ha habilitado un nuevo plazo, hasta el 31 de julio de 2027, para que quienes todavía no dispongan de esa comunicación puedan presentarla y evitar que las viviendas actualmente en funcionamiento queden fuera de la legalidad.
Otra de las modificaciones promovidas por ASG permitirá transmitir la actividad mediante herencia, legado o donación durante un periodo de diez años. Además, se han reducido determinadas exigencias para las nuevas viviendas, convirtiendo la accesibilidad en una opción, clarificando las condiciones del acceso rodado y eliminando porcentajes de eficiencia energética que podían requerir inversiones difícilmente asumibles.
El texto aprobado mantiene igualmente la posibilidad de desarrollar más de una vivienda vacacional en una misma parcela cuando existan distintas referencias catastrales, fija los requisitos para normalizar actividades situadas en edificaciones fuera de ordenación y permite ejercer esta modalidad de alojamiento de forma ocasional durante fiestas populares reconocidas en el calendario oficial, por un máximo de 15 días.
Curbelo sostuvo que estas mejoras son fruto de la voluntad negociadora de ASG y de su capacidad para acercar posiciones durante una tramitación marcada por la confrontación. “Ante los obstáculos, hemos tendido puentes. Hemos sido transparentes, hemos trabajado con ASCAV y hemos mantenido cauces de diálogo con el Gobierno y con la oposición para buscar una solución mayoritaria y viable”, aseguró.
El portavoz parlamentario de ASG lamentó, no obstante, el tiempo perdido desde diciembre por la falta de disposición para alcanzar acuerdos en las primeras fases de la negociación. “ASG no ha permanecido inmóvil. Hemos propuesto reuniones, presentado alternativas y aportado soluciones pensando en la ciudadanía, aunque en demasiadas ocasiones nos hemos encontrado con posiciones inflexibles”, señaló.
Asimismo, adelantó que se trabajará junto a la Agrupación Herreña Independiente para modificar la Ley de Islas Verdes, eliminar los actuales problemas de interpretación y facilitar que la actividad turística pueda desarrollarse en aquellos municipios donde las dudas jurídicas están impidiendo su autorización.
“El compromiso del presidente del Gobierno de Canarias con ASG permite abrir una nueva etapa para conseguir una solución realista, equilibrada y adaptada al papel que las viviendas vacacionales desempeñan en la economía de las Islas Verdes”, resaltó Curbelo.
