El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado este miércoles, durante la sesión plenaria del Parlamento de Canarias, un gran acuerdo parlamentario que permita dotar de seguridad jurídica al sector de las viviendas vacacionales, mediante una regulación que atienda la diversidad territorial del Archipiélago y aporte estabilidad tanto a los propietarios como al conjunto de la actividad económica vinculada al turismo.
Durante su intervención, Ramos defendió que la futura normativa debe construirse desde el consenso y el diálogo, alejándose de la confrontación política. «Nosotros no creemos en la confrontación, sino en el diálogo», afirmó, antes de hacer un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias para sentarse a negociar, escuchar al sector y alcanzar una solución definitiva que genere confianza.
El diputado gomero recordó que ASG presentó una propuesta abierta al acuerdo y mostró en todo momento su disposición a transaccionarla con el resto de los grupos parlamentarios, al entender que ofrecía una mayor seguridad jurídica para miles de propietarios. «Si algo ha demostrado la Agrupación Socialista Gomera es que se puede dialogar tanto con el Gobierno como con la oposición», subrayó.
Ramos insistió en que la regulación debe contemplar las diferentes realidades existentes en Canarias y permitir un tratamiento diferenciado para aquellos supuestos en los que la actividad no genera molestias ni un impacto distinto al del uso residencial habitual. En este sentido, puso como ejemplo las viviendas unifamiliares aisladas o pequeños edificios pertenecientes a un mismo propietario, especialmente presentes en las zonas rurales y en las Islas Verdes.
«Canarias es muy diversa y muy diferente. ¿Por qué no aplicar también esas diferencias en la regulación de la vivienda vacacional?», planteó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario ASG, quien defendió que estas especificidades pueden incorporarse a la norma sin renunciar a las garantías necesarias para el conjunto del sector.
Asimismo, cuestionó que las viviendas vacacionales sean la causa de la falta de oferta residencial y recordó que, desde el inicio de la tramitación de la normativa, han salido del mercado más de 9.000 viviendas vacacionales sin que ello se haya traducido, según expuso, en un incremento del parque de viviendas destinadas al alquiler residencial.
El parlamentario destacó igualmente la importancia económica y social de esta actividad, especialmente para las Islas Verdes y los municipios afectados por el reto demográfico.
Según explicó, las viviendas vacacionales contribuyen a generar economía local, fijar población y favorecer una distribución más equilibrada de la riqueza que genera el turismo. En este contexto, recordó que el turismo convencional mueve en Canarias más de 24.000 millones de euros y señaló que cerca del 50% de esa riqueza sale del Archipiélago, mientras que «un propietario canario paga sus impuestos en Canarias y gasta su dinero en Canarias».
Por ello, Ramos pidió que el debate parlamentario sitúe a las personas en el centro de las decisiones y permita poner fin a la incertidumbre que vive el sector. «Tenemos que dar tranquilidad a miles y miles de personas que posiblemente estén perdiendo el sueño con un nudo en el estómago», afirmó.
Finalmente, reiteró la disposición de ASG a seguir colaborando con el Gobierno y con el resto de los grupos parlamentarios para alcanzar un texto ampliamente consensuado. «A la tercera seamos capaces de solucionar el problema de la vivienda vacacional en Canarias», concluyó.