El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha demandado este viernes, en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, una planificación que garantice el acceso efectivo a la Administración de Justicia en las islas no capitalinas y permita evitar desplazamientos innecesarios de la ciudadanía.
Ramos subrayó que el acceso a este servicio público esencial debe prestarse en condiciones de igualdad en todo el archipiélago. “La Justicia no puede depender del lugar donde uno viva”, afirmó, antes de reclamar que se continúe trabajando para acercarla a las personas, reducir barreras y asegurar que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos con independencia de su isla o municipio de residencia.
El diputado de ASG señaló que esta problemática tiene una especial incidencia en islas como La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote o Fuerteventura, donde la realización de un trámite aparentemente sencillo puede ocasionar pérdidas de tiempo, gastos adicionales, ausencias laborales o la necesidad de reorganizar la vida familiar.
En este contexto, valoró la transformación impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y, especialmente, la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio como instrumento para reforzar la proximidad y la cohesión territorial.
Ramos destacó que Canarias ha culminado dentro de los plazos previstos la conversión de 220 juzgados unipersonales en 19 tribunales de instancia, así como la reconversión de 69 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio, una reorganización que afecta a más de 2.400 empleados públicos. Además, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de cuatro millones de euros a la adecuación de las instalaciones, la dotación tecnológica y la incorporación de personal propio en las oficinas con mayor volumen de población.
“Son avances importantes, pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso más”, sostuvo. A su juicio, el éxito de la reforma no debe evaluarse únicamente por el número de oficinas abiertas o por la inversión ejecutada, sino por su capacidad para evitar desplazamientos y facilitar que una persona residente en Vallehermoso, Agulo, Frontera o Breña Alta pueda realizar gestiones judiciales sin trasladarse a otro municipio o fuera de su isla.
El portavoz adjunto recordó que estas oficinas permiten participar en actuaciones procesales mediante videoconferencia, consultar expedientes, obtener copias de procedimientos, recibir notificaciones, registrar documentación y tramitar certificados de antecedentes penales o últimas voluntades, además de acceder a determinados servicios del Registro Civil.
Asimismo, valoró la puesta en marcha de la Carpeta Justicia, que posibilita a ciudadanos, empresas y profesionales consultar expedientes, revisar señalamientos y acceder telemáticamente a servicios judiciales.
No obstante, Ramos advirtió de que todavía existen desafíos relevantes. “La accesibilidad depende de que haya medios humanos suficientes, de que la conectividad funcione, de que las videoconferencias se desarrollen con garantías de privacidad y de que exista una cartera homogénea de prestaciones en todos los municipios”, explicó.
Por ello, propuso evaluar periódicamente el número de desplazamientos evitados, las actuaciones realizadas desde las oficinas municipales, las videoconferencias celebradas, los trámites registrales gestionados y el grado de satisfacción de los usuarios. “Garantizar una Justicia cercana, accesible y moderna es una cuestión de igualdad, cohesión social y equidad territorial”, aseveró Ramos.