El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) centrará su participación en la próxima sesión de control al Gobierno en dos debates que marcarán buena parte del futuro de Canarias durante los próximos años: la reforma del sistema de financiación autonómica y la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El portavoz parlamentario de ASG, Casimiro Curbelo, defenderá la necesidad de que Canarias afronte ambos procesos desde una posición sólida, cohesionada y respaldada por el consenso institucional, con el objetivo de garantizar que las singularidades del Archipiélago se traduzcan en decisiones concretas y no queden limitadas a declaraciones de principios.
Una respuesta adaptada a la realidad de la ruta atlántica
En primer lugar, Curbelo trasladará al presidente del Gobierno de Canarias la necesidad de continuar reforzando la acción institucional ante la Unión Europea y el Gobierno de España para que la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo tenga en cuenta las particularidades de la ruta atlántica.
El líder de ASG pondrá de relieve que Canarias constituye la frontera sur de Europa y afronta una presión migratoria diferenciada, vinculada a una de las rutas más extensas y peligrosas del mundo.
Recordará que, entre 2020 y 2025, más de 165.000 personas llegaron al Archipiélago a través de esta vía marítima y que actualmente miles de menores migrantes continúan siendo atendidos por el sistema de protección autonómico.
Curbelo valorará el trabajo desarrollado por el Gobierno canario para situar la realidad migratoria de las Islas en la agenda europea y para impulsar avances como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece mecanismos obligatorios de distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas.
No obstante, advertirá de que persisten interrogantes sobre la aplicación práctica del nuevo marco europeo y sobre sus consecuencias para territorios frontera como Canarias.
Por ello, defenderá la necesidad de garantizar financiación suficiente, reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, incrementar los recursos de control y vigilancia y asegurar mecanismos ágiles de derivación que eviten una sobrecarga permanente sobre los servicios públicos insulares.
“Canarias no está reclamando privilegios. Está exigiendo que se reconozca una realidad que afecta directamente a la gestión de sus servicios públicos y a la capacidad de respuesta de sus instituciones”, señalará.
Reconocer el coste real de la insularidad
En la misma sesión plenaria, Casimiro Curbelo preguntará al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos por la posición que defenderá Canarias en la negociación del futuro modelo de financiación autonómica.
El portavoz parlamentario de ASG recordará que el sistema vigente acumula más de una década pendiente de revisión y sostendrá que cualquier reforma debe contemplar de forma expresa los sobrecostes que supone prestar servicios públicos en un territorio fragmentado, alejado del continente y compuesto por ocho islas habitadas.
En este sentido, insistirá en que la insularidad, la doble insularidad y la condición de región ultraperiférica no pueden seguir siendo elementos secundarios dentro de los criterios de reparto de los recursos estatales.
Curbelo defenderá que mantener hospitales, centros educativos, servicios sociales, infraestructuras de transporte o dispositivos de emergencia en todas las islas exige un esfuerzo económico muy superior al de otros territorios, especialmente en las islas no capitalinas.
Asimismo, reiterará la necesidad de preservar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias al margen del sistema de financiación, al tratarse de un instrumento compensatorio reconocido por el ordenamiento jurídico español y europeo.
“Canarias debe acudir a esta negociación con una posición clara, respaldada por datos y basada en la defensa de una realidad territorial que genera costes permanentes y objetivos”, sostendrá.
Para el líder de ASG, tanto la reforma del sistema de financiación autonómica como la aplicación del nuevo pacto migratorio europeo comparten un mismo principio: la obligación de adaptar las decisiones estatales y europeas a las singularidades de Canarias para garantizar la igualdad efectiva entre ciudadanos, con independencia de la isla en la que residan.