La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha
registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al
Ministerio del Interior en las que reclama explicaciones y actuaciones
urgentes ante la situación de la Policía Portuaria en los puertos de
interés general del Estado ubicados en Canarias, así como del conjunto
de los trabajadores de las Autoridades Portuarias ubicadas en el
Archipiélago.
En sus iniciativas, fruto de una reunión con Artemis Casañas, secretario
nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos
(SPPLB) de la Policía Portuaria, Valido centra sus demandas en tres
ámbitos: en primer lugar, la actualización de las condiciones
retributivas del personal portuario; en segundo lugar, la clarificación
del régimen jurídico y operativo de la Policía Portuaria; y, por último,
el refuerzo de sus condiciones laborales, de seguridad y de carrera
profesional.
En materia retributiva, la parlamentaria nacionalista denuncia en una de
sus preguntas que el complemento de residencia de los trabajadores de
las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
permanece congelado desde hace más de dos décadas, pese al aumento del
coste de la vida, la condición de Canarias como Región Ultraperiférica y
su dependencia estructural del transporte marítimo y aéreo.
En este sentido, Valido pregunta al Gobierno si prevé actualizar estas
cuantías y equipararlas a las de otros territorios con condiciones
geográficas singulares dentro del sistema de Puertos del Estado. También
plantea su homogeneización con los complementos existentes en Ceuta y
Melilla, y reclama una revisión urgente que tenga en cuenta la inflación
y evite desigualdades dentro del sistema portuario estatal.
En paralelo, la diputada de Coalición Canaria ha puesto el foco en otra
pregunta en la situación de la Policía Portuaria. A pesar de ejercer
funciones de vigilancia, inspección, protección de los recintos
portuarios y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, este cuerpo sigue encuadrado en un régimen laboral con una
excepción respecto al Estatuto Básico del Empleado Público. Esto implica
que desempeña funciones propias de seguridad pública sin estar
plenamente integrado en el régimen funcionarial habitual para este tipo
de tareas.
Valido cuestiona al Gobierno si considera “razonable” mantener esta
situación y advierte de la posible inseguridad jurídica en el ejercicio
de funciones de autoridad, especialmente en la instrucción de
diligencias con posible relevancia penal. Por ello, cuestiona por qué no
se ha avanzado hacia su equiparación al régimen funcionarial propio del
ejercicio de potestades públicas.
La iniciativa también incide en la falta de actualización de los medios
de trabajo y autoprotección, así como en la ausencia de reconocimiento
de la Policía Portuaria como colectivo de riesgo. En este sentido, se
solicita al Ministerio del Interior que estudie su inclusión en sistemas
de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, para evitar
el envejecimiento progresivo de las plantillas en infraestructuras
críticas.
Además, Valido reclama garantizar el acceso a bases de datos esenciales
para la gestión de emergencias y la seguridad portuaria, como el Fichero
de Embarcaciones de Recreo, y denuncia las actuales limitaciones de
coordinación operativa entre organismos.
Por último, la diputada nacionalista aborda en otra iniciativa la
inseguridad jurídica derivada de la falta de definición del concepto de
“funcionarios especialmente habilitados” en el Reglamento de Armas. Esta
situación habría provocado interpretaciones distintas entre Autoridades
Portuarias y, en algunos casos, la retirada de medios de autoprotección
como barras extensibles.
Valido pregunta en qué punto se encuentra la posible modificación de
esta normativa y si el Gobierno prevé reconocer expresamente esta
condición a la Policía Portuaria o articular una solución que garantice
su seguridad jurídica y operativa. También cuestiona la existencia de
criterios distintos entre puertos del Estado en la dotación de medios,
lo que afectaría a la igualdad en la aplicación de la norma.
A través de todas estas actuaciones, Coalición Canaria busca garantizar
mejoras en las condiciones laborales, seguridad jurídica y adaptación
normativa de la Policía Portuaria y del personal de las Autoridades
Portuarias en Canarias, atendiendo a su carácter estratégico para el
Estado y a la condición ultraperiférica del Archipiélago.