Cuando una crisis golpea, la ciudadanía espera de sus gobernantes dos cosas: rapidez y altura de miras. En Canarias, desgraciadamente, no hemos obtenido ni lo uno ni lo otro. El plan anticrisis que el Gobierno de CC y PP ha presentado para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo no es, como nos han querido vender, un escudo protector para las familias canarias. Es, sencillamente, un ejercicio de propaganda con cifras de trileros y un vacío social que avergüenza.
Una profunda decepción, máxime tras conocer, el pasado 20 de marzo, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, aprobado por el Consejo de Ministros, comprobamos cómo el Gobierno de España, una vez más y gobierne quien gobierne, no singularizaba algunas de las medidas para Canarias. Sobre todo, aquellas que incidían en rebajas del IVA, el impuesto indirecto que en Canarias no opera al hacerlo el IGIC, o la inexplicable exclusión de las ayudas al combustible al sector del transporte, entre otras.
La reacción del Ejecutivo canario, como es habitual, fue furibunda, y aunque en su relato inicial planteó que Canarias no se beneficiaría en nada de los 5.000 millones de euros anunciados en el decreto estatal, lo cual no era cierto. Muchas de las medidas beneficiaban al conjunto del Estado, como la rebaja del impuesto a la electricidad y otras, vivieras en Madrid, Andalucía o Canarias. La realidad es que otras muchas olvidaban nuestro régimen fiscal diferenciado, nuestras singularidades y nuestra mayor dependencia y, por tanto, impacto a la crisis, fundamentalmente por nuestra lejanía y condición archipielágica.
Una vez más, Clavijo recurrió a reunir a los grupos parlamentarios para crear un frente común y exigir a España un encaje para nuestras islas en esas medidas anticrisis. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista acudimos porque coincidíamos en que el decreto estatal era insuficiente y para exigir al Ejecutivo de Canarias su propio decreto.
Y una vez más, cuando no se intenta pervertir el objetivo como ocurrió con el llamado Decreto Canarias, cerramos filas con el Gobierno, el resto de instituciones y la sociedad canaria en la exigencia al Ejecutivo estatal de un paquete de medidas específicas para nuestra tierra.
Y también, una vez más, le pedimos a Clavijo que, desde el autogobierno, desde nuestra propia capacidad para tomar decisiones en los asuntos que afectan a Canarias y a quienes aquí viven, necesitábamos urgentemente nuestro propio decreto, como ya habían hecho otras comunidades.
La respuesta no ha podido ser más decepcionante, y es que, tras el Consejo de Gobierno del pasado lunes, el Ejecutivo de las derechas canarias anunciaba su plan anticrisis. No el decreto, que más de un mes después de comenzada la guerra de Irán, parece que no es urgente para Clavijo. La exigencia de rapidez, medidas y recursos para Canarias que exigió al Estado, no parece que sea relevante para su propio gobierno.
Pero el núcleo de la indignación reside en las cifras. El Gobierno de Canarias alardea de un plan valorado en 29,8 millones de euros. La descomposición de esa cantidad es sencilla y demoledora: 15,3 millones de euros provienen del Estado, fruto de la compensación pactada tras el agravio inicial del decreto estatal. Es decir, dinero que no sale de las arcas autonómicas y cuya llegada era una obligación del Gobierno estatal, no una concesión generosa.
Una cuantía de 15,3 millones de euros que, para Nueva Canarias BC, resulta absolutamente insuficiente, por lo que no entendemos que Clavijo la haya anunciado como un éxito que le ha arrancado a España, máxime tras los ataques iniciales al “olvido de Sánchez a Canarias”.
El resto, la aportación, tramposa, del Ejecutivo canario, asciende a 14,5 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva: el presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma para este año supera los 12.300 millones de euros. El Ejecutivo de CC y PP ha puesto sobre la mesa el 0,11% de su presupuesto para hacer frente a una guerra que ha disparado los precios de la energía, los alimentos y los combustibles. Una cantidad no ya escasa, sino insultante.
Y aún hay más. Si eliminamos del cómputo las partidas destinadas a esas medidas que ya existían con anterioridad, la «aportación real con fondos propios» se reduce a solo siete millones de euros para los sectores productivos. Siete millones de euros. Esa es la verdadera cara de la prioridad que este Gobierno concede a los sectores económicos que sostienen el empleo en las Islas.
Comencemos por el engaño más flagrante: la rebaja de la cesta de la compra. El Gobierno anunció, a bombo y platillo, que reduciría el IGIC al 0% para 45 productos de primera necesidad. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Como denunciamos en su momento, la inmensa mayoría de esos 45 productos ya tributaban al 0% antes de la crisis. Es decir, el Gobierno ha empaquetado como «medida anticrisis» algo que ya existía, que ya estaba en vigor. ¿Cómo llamamos a esto? Engañar a la opinión pública.
No contentos con esto, el Ejecutivo ha introducido en su «plan de urgencia» medidas que también habían sido anunciadas con anterioridad al estallido del conflicto bélico, como la ampliación del régimen especial del pequeño empresario (Repep) hasta los 50.000 euros. De este modo, lo que debería ser un paquete extraordinario para afrontar una emergencia económica se convierte en una colección de iniciativas ya previstas que, convenientemente disfrazadas, buscan inflar artificialmente el tamaño del supuesto escudo social.
Sin embargo, lo más grave, lo que deja al descubierto la verdadera naturaleza política de este Ejecutivo, no es la mezquindad de las cantidades, sino la absoluta ausencia de sensibilidad social. El decreto anticrisis del Gobierno de Canarias no contiene ni una sola medida para las familias más vulnerables. Ni una.
Mientras los precios de los alimentos se encarecen día a día, mientras las familias trabajadoras ven cómo su poder adquisitivo se desmorona, el Gobierno de Clavijo no ha tenido a bien destinar un solo euro adicional a la Renta de Ciudadanía. No ha implantado los complementos que la propia Renta de Ciudadanía canaria tiene previstos para hacer frente a los gastos de educación o vivienda. No ha planteado una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas. No ha impulsado la declaración de zonas residenciales tensionadas para frenar la escalada abusiva de los alquileres.
Estas medidas son algunas que desde Nueva Canarias le planteamos al presidente en la reunión con los grupos parlamentarios. Un plan alternativo basado en el autogobierno, con medidas concretas para proteger a las familias que más sufren. La respuesta, una vez más, fue el desprecio. Otra oportunidad para la unidad desaprovechada. Otra pala de tierra encima de lo que él llama modo canario de hacer política y que nosotros decimos que es el verdadero modo Clavijo de entender y aplicar la misma.
Lo peor de todo es que este Gobierno parece haberse instalado en la cultura del anuncio. Lo que importa no es la efectividad de las medidas, sino el titular de prensa. Lo que se persigue no es el impacto real en la vida de las personas, sino la foto del presidente con los consejeros. Por eso se maquillan cifras, se reciclan medidas antiguas y se presentan como novedosas, y se oculta la verdadera dimensión de una aportación que resulta ridícula comparada con la gravedad de la situación.
Y todo esto en una semana en la que conocíamos el informe del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de Canarias. Según el mismo, el Gobierno de Clavijo dejó de gastar 1.051 millones de euros el pasado año 2025. Unos datos que empeoran los 973,3 millones de euros anunciados por la consejera de Hacienda, Matilde Asían, el pasado 23 de febrero, como ya advertíamos desde Nueva Canarias en el pasado Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.
Por tanto, el mismo Gobierno que maneja un presupuesto, para el 2026, de más de 12.300 millones de euros, que ha dejado de ejecutar en los presupuestos de 2023, 2024 y 2025 la friolera de 3.430 millones de euros, nos presenta un plan anticrisis propio absolutamente cicatero. Desde luego la excusa no puede ser la falta de fondos.
Se confirma que estamos ante un Gobierno más centrado en los anuncios, en los titulares, que en la efectividad real de las medidas.
El decreto anticrisis del Gobierno de Canarias es, en definitiva, un compendio de lo peor que puede ofrecer una administración: tardanza injustificada, maquillaje contable, ausencia de sensibilidad social y una mezquindad presupuestaria que convierte en papel mojado cualquier declaración de intenciones.
Porque si algo ha quedado claro con este episodio es que, para el Ejecutivo de CC y PP, la crisis de las familias canarias no es una prioridad. Lo es la foto, lo es el titular, lo es la apariencia de que se hace algo. Pero la realidad, tozuda, demuestra que, de los más de doce mil millones de euros del presupuesto autonómico, solo siete millones de euros se han destinado realmente a responder a una guerra que está vaciando los bolsillos de los ciudadanos. El resto, humo.
Mientras tanto, los más vulnerables esperan. Esperan una medida que no llega. Esperan un gesto que no se produce. Esperan que alguien, desde el Gobierno, recuerde que existen. Pero este decreto demuestra que, para Clavijo y los suyos, los vulnerables no están en el mapa. No hay partida presupuestaria para ellos. No hay sensibilidad. No hay política social.
Esa es la verdadera miseria de este decreto: no solo la de sus cifras, sino la de sus prioridades. Porque en tiempos de crisis, las intenciones se miden en los presupuestos. Y el presupuesto del Gobierno canario para esta crisis es, sencillamente, miserable.
Luis Campos, secretario general y portavoz en el Parlamento de Canarias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC).