Cada día que pasa se complica más el escenario mundial por la guerra contra Irán declarada por Estados Unidos e Israel. Completamente al margen de la legalidad internacional y solo respondiendo a intereses hegemónicos imperialistas, de ambición sobre recursos energéticos y, también, de expansionismo sionista en la zona, lo que ocurre de forma nítida en su limpieza étnica en el Líbano. Constituye un deber ético oponerse a esta nueva barbarie, que se suma en la etapa reciente a la invasión rusa de Ucrania -y la guerra que se prolonga ya cuatro años- y al genocidio israelí en Gaza. La guerra, propiciada por Trump y Netanyahu, está causando miles de víctimas mortales y tendrá graves efectos sobre la seguridad global del Planeta, sobre la economía y sobre la convivencia entre los pueblos. Las está teniendo ya. Y frente a ella hay que actuar, denunciándola, defendiendo un orden internacional basado en reglas y, asimismo, aplicando medidas que atenúen su impacto sobre la población de las Islas.
“Está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso ‘lobby’ en Estados Unidos”. Lo afirma Joe Kent, alguien nada sospechoso de izquierdismo alguno, todo lo contrario, se trata de un declarado trumpista que se manifestó favorable al golpista asalto al Capitolio en el año 2021, y que hasta ahora ejercía como director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU. Aseverando, además, que Irán “no representaba una amenaza inminente”. Hacía estas declaraciones en el momento de presentar su dimisión.
Complicidad del PP, Vox y CC
Joe Kent, integrante de la extrema derecha estadounidense, se muestra mucho más crítico con la aventura belicista de Trump que lo que lo hacen los dirigentes del PP y de Vox. O la derecha canaria, Coalición, que en ningún momento ha condenado esta guerra y a quienes la han impulsado, lo mismo que hicieron con el genocidio en Gaza o la agresión militar a Venezuela, así como con la asfixia total de Cuba, que condena al hambre y a la falta de medicinas a su población. Vox lo defiende de forma entusiasta, el PP lo justifica y CC mira para otro lado.
Impresentable ha sido, asimismo, la actitud de algunos dirigentes europeos. Como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que afirmó que Europa ya no puede confiar en un sistema internacional basado en normas, para luego verse obligada a rectificar y señalar su “compromiso inquebrantable” con el derecho internacional.
De todas formas, Trump y Netanyahu no han contado, ni mucho menos, con un aplauso unánime. Entre otros, se han desmarcado el presidente francés, Emmanuel Macron, y hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque esta última comparta espacio en las derechas más extremas con el líder estadounidense. Y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primero que se posicionó y el más claro en su rechazo a la guerra, sintonizando con la posición mayoritaria de la ciudadanía, como confirman los distintos sondeos realizados sobre este asunto.
Crímenes de guerra, inseguridad extrema
Esta guerra ilegal está teniendo consecuencias inmediatas en forma de destrucción de infraestructuras -entre ellas viviendas, escuelas y hospitales-, el desplazamiento obligado y la muerte de miles de personas; la mayoría civiles, como esas 176 niñas asesinadas por un bombardeo estadounidense a su colegio de primaria al sur de Irán. Dirán que un daño colateral más, pero probablemente sería mejor definido como un crimen de guerra más.
Y, al tiempo, esta guerra destruye lo poco que queda de multilateralidad, de respeto al derecho internacional, de reconocimiento al papel de las Naciones Unidas, nacidas tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto, el de 1939-1945, causado también por el papel militarista, expansionista y genocida de las extremas derechas de entonces, del nazismo y el fascismo.
Por eso, lo primero debería ser tratar de parar esta guerra que lleva a la Humanidad al borde del abismo. Intentando que se imponga el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional sobre el matonismo ultra. Y a ello debe dedicar sus esfuerzos la mayoría de la comunidad internacional y, en nuestro ámbito, la Unión Europea, que también puede y debe adoptar medidas extraordinarias para paliar sus efectos económicos y sociales, como hizo en la pandemia de la Covid o tras la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin.
Como se sabe, la subida de los precios del petróleo y del gas, una de las consecuencias de la aventura bélica trumpista, impacta en la economía, especialmente en el transporte, la industria y el sector primario, y llevará aparejado un aumento de la inflación con la más que previsible subida de los precios de los alimentos y otros productos de consumo. Al margen de que algunos, como siempre sucede, aprovechen la coyuntura para especular.
Medidas desde UE, Estado y Canarias
El Gobierno estatal ha aprobado dos decretos. Uno centrado en la bajada de impuestos a los combustibles y el apoyo a transporte, industria y sector primario; así como a intentar controlar los precios, de más difícil aplicación. Y un segundo decreto de congelación de los alquileres. Habrán de ser ratificados en el Congreso, con más apoyos previsibles para el primero que para el segundo.
Por su parte, el Gobierno de Canarias también puede implementar algunas medidas. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) hemos planteado al presidente canario algunas, en el marco del autogobierno, en el ejercicio de las competencias propias canarias, ante el impacto de esta guerra.
Me refiero a recuperar la bonificación del 99,9% del Impuesto de Especial de Combustibles de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo que beneficia a 25.000 transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Aplicada en los años 2022 y 2023 por el anterior Gobierno de progreso, supuso, por un lado, una importante ayuda a estos sectores que tienen en el combustible una parte importante de sus costes de producción y, por otro, limitar la extensión del proceso inflacionario a través de la contención de los precios del transporte de mercancías y de los alimentos locales. Supuso 18 millones de euros de ahorro para los sectores implicados.
Y, asimismo, proponemos recuperar la deducción en el IRPF por el alza de precios para aquellos contribuyentes con rentas menores a 30.000 euros anuales de forma individual o 45.000 euros en modalidad conjunta; lo que llega al 80% de los contribuyentes del Archipiélago. En los dos años que se aplicó, 2022 y 2023, supuso un beneficio fiscal para las familias de cerca de 176 millones de euros.
En materia social, defendemos reforzar la protección a las familias más vulnerables mediante el aumento de la Renta de Ciudadanía y la puesta en marcha de los complementos pendientes, prioritariamente para educación y vivienda. Asimismo, el aumento de las prestaciones para los pensionistas no contributivos, en coordinación con el Estado. Así como otras actuaciones relacionadas con el alquiler y compra de vivienda. Sin olvidar la aplicación de rebajas selectivas del IGIC sobre algunos productos y servicios que pueden verse afectados en esta crisis de la que solo estamos percibiendo sus primeras secuelas.
En definitiva, somos firmes defensores de la paz, de la soberanía de los pueblos y del derecho internacional. Y la consecución de esos objetivos deben estar entre las prioridades de la Unión Europea de la que formamos parte. Rechazamos, por tanto, el imperialismo, el unilateralismo y las políticas belicistas y genocidas, denunciando a quienes las impulsan y mantienen. Exigimos parar la guerra y volver al diálogo y a las reglas y normas internacionales. Entendemos, además, que Europa y el Estado español deben implicarse para atenuar sus efectos económicos y sociales. Al tiempo que, desde Canarias y su autogobierno, planteamos un conjunto de medidas para aliviar su impacto en nuestra tierra, algunas de las cuales ya han sido puestas en práctica con éxito en anteriores crisis. Convencidos firmemente de que hay que parar la guerra y paliar sus consecuencias.
Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).
