El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha planteado este lunes, en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Parlamento de Canarias, que la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado debe incorporar de forma más clara a las familias y al alumnado, con el objetivo de convertirla en una herramienta de cohesión dentro de la comunidad educativa. Así lo planteó durante la comparecencia del presidente de la Federación de AMPAS de La Palma (FAPA-La Palma), Vicente Brito Rodríguez, en el marco de la tramitación parlamentaria de la iniciativa promovida por los grupos que apoyan al Gobierno.
Durante su intervención, Ramos subrayó que el espíritu con el que ASG ha respaldado esta norma no responde a una visión rígida o impositiva de la autoridad, sino a la voluntad de construir un marco útil para mejorar la convivencia y el funcionamiento de los centros. “Lo que queríamos era un consenso y una cohesión entre todas las partes, en donde el diálogo fuera la parte fundamental”, afirmó. En esa misma línea, insistió en que “tanto por la parte docente como por la parte de la familia y del alumnado” debe existir esa vía de entendimiento para que el ámbito escolar funcione adecuadamente en la actualidad.
El diputado de ASG recogió además una de las principales aportaciones trasladadas durante la comparecencia, al considerar necesario que el texto legal refleje expresamente el papel de las familias y de los estudiantes. “Tenemos que buscar la forma de que aparezcan. Yo creo que es necesario porque es parte fundamental de la educación de los chicos y de las chicas”, señaló Ramos, abriendo la puerta a aportaciones concretas durante el periodo de enmiendas.
Otro de los ejes centrales de su intervención fue la salud mental en el entorno educativo. Ramos alertó de la importancia de atender la situación emocional del profesorado y de actuar cuando se detecten dificultades que puedan afectar al desarrollo de su labor. “Que se tenga en cuenta el aspecto de la salud mental y, sobre todo, la capacidad que pueda tener o cómo se encuentre ese profesor, pues cuando empieza a dar clase, yo creo que es fundamental”, indicó. A su juicio, la ley debe servir “para ayudar tanto al alumno como al profesor”, reforzando la respuesta del sistema educativo ante situaciones complejas.
Asimismo, el portavoz adjunto de ASG apuntó a otros asuntos que considera necesario perfilar en el texto, como la cobertura del seguro escolar y la definición de los deberes del profesorado, con el fin de evitar vacíos o interpretaciones ambiguas. En paralelo, vinculó esta iniciativa con la necesidad de mejorar la calidad educativa, prevenir el absentismo y detectar con mayor antelación problemas del entorno familiar que puedan repercutir en el alumnado.
Ramos recordó que ASG ya ha defendido en comparecencias anteriores que esta ley debe ser útil, aplicable y fruto del mayor consenso posible, pero en esta fase puso el foco en ampliar su mirada para reforzar la participación de toda la comunidad educativa. Por ello, tendió la mano a las asociaciones de madres y padres para seguir enriqueciendo el texto: “Si tienen algunas enmiendas que nos quieran hacer llegar, las puertas de nuestro grupo están abiertas”, concluyó.
Esta orientación complementa la línea mantenida por ASG en debates previos sobre esta materia, en los que ya había insistido en la necesidad de una norma efectiva, consensuada y útil para los centros, incorporando ahora con mayor énfasis la corresponsabilidad de familias y alumnado en la convivencia escolar.