El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha manifestado este viernes, en la Comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias, que la modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, supone un paso “justo y necesario” para reforzar la salud laboral en el principal motor económico del archipiélago, aunque reclamó que el texto incorpore mejor las singularidades de las Islas Verdes y la realidad de los pequeños establecimientos alojativos.
Durante el debate del dictamen de la proposición de ley, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, Ramos trasladó el respaldo de ASG al espíritu de la norma, centrada en mejorar las condiciones ergonómicas y psicosociales de las personas trabajadoras del sector turístico, especialmente mediante la implantación progresiva de camas elevables y carros motorizados en los alojamientos turísticos. El texto de la ponencia recoge, además, nuevas obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, estudios periódicos sobre las condiciones del sector y un calendario de adaptación hasta 2033.
“Esta ley es justa, necesaria y viene a mejorar las condiciones laborales de un sector que siempre ha estado sufriendo los efectos de la parte negativa del turismo”, afirmó Ramos en su intervención, en la que incidió en la importancia de proteger la salud de quienes trabajan en la actividad económica más relevante de Canarias.
El portavoz adjunto de ASG valoró especialmente el objetivo de la reforma, que se apoya en datos relevantes sobre siniestralidad y salud laboral. Según recoge la ponencia, en 2024 el sector servicios registró 18.468 accidentes de trabajo con baja, el 74% del total de Canarias, y dentro de ese ámbito la hostelería concentró el 32% de esos accidentes. El mismo informe señala que, en los establecimientos donde ya funcionan camas elevables y carros motorizados, la siniestralidad por sobreesfuerzo puede ser hasta un 34% inferior a la media general nacional.
No obstante, Ramos advirtió de que la futura ley debe contemplar mejor la diversidad del modelo turístico canario. “Hoy estamos legislando un todo cuando hay un grupo de islas que tiene unas especificidades diferentes”, señaló en referencia a La Gomera, El Hierro y La Palma, territorios que, a su juicio, han apostado por un modelo turístico diferenciado, más sostenible y con un tejido empresarial de menor dimensión.
En ese sentido, pidió estudiar con detalle las enmiendas dirigidas a adaptar la aplicación de la norma a esa realidad insular y mostró su preocupación por el alcance de algunas sanciones para pequeños hoteleros. “Me parece también excesivo para pequeños hoteleros, que las sanciones muy graves sean sanciones de 30.000 euros”, sostuvo, al advertir de que esa cuantía puede comprometer la viabilidad de negocios familiares en islas no capitalinas.
La ponencia contempla excepciones para determinados establecimientos y prevé ayudas públicas para facilitar la adaptación, así como subvenciones para alojamientos de menor tamaño, en línea con las demandas de proporcionalidad defendidas por ASG.
Ramos confirmó el voto favorable de su grupo. “Vamos a votar a favor porque creemos en ello. Creemos en que tenemos que proteger a quienes trabajan en nuestro principal sector económico”, concluyó.
