Desde hace más de veinticinco años desarrollo un proyecto de agroturismo en La Gomera, cuando aún no era una palabra habitual en los discursos institucionales. Aposté por unir turismo y agricultura, por cuidar el territorio, por mantener vivas las fincas y por generar actividad económica en el medio rural cuando hacerlo no era ni rentable ni reconocido. Quizá me adelanté en el tiempo, pero lo hice con convicción y compromiso.
A lo largo de este recorrido he creado distintas iniciativas empresariales vinculadas al territorio. Una de ellas fue Agroturismo El Escobonal S.L., concebida para la rehabilitación de tres casas rurales destinadas al turismo rural y, al mismo tiempo, a la mejora de la producción agrícola. Un proyecto integral, sostenible y plenamente alineado con los objetivos de desarrollo rural que tantas veces se proclaman desde las instituciones.
Para poner en marcha esta empresa era —y sigue siendo— imprescindible la mejora de las infraestructuras básicas de acceso: la adecuación del camino público, el acceso seguro a la carretera y la ejecución de un baluarte de protección de una parcela agrícola donde se anclaría una pasarela peatonal necesaria para acceder a las casas rurales.
Sin estas infraestructuras, la actividad no puede iniciarse y, por tanto, no es posible generar empleo ni contratar personal.
En 2014 presenté el proyecto para la construcción de dicha pasarela a AIDER, sin que se concediera la ayuda económica solicitada. No obstante, resulta especialmente relevante que, en el informe emitido por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, se informara favorablemente sobre esta actuación, dejando constancia expresa de que:
“En todos los casos, la Consejería de Agricultura vigila la correcta actuación del GAL, y para la inversión de la construcción de la pasarela peatonal, fue informada favorablemente por esta administración.”
Es decir, el proyecto contaba con el aval técnico y administrativo necesario. No era una ocurrencia personal ni una petición fuera de lugar, sino una actuación viable, justificada y alineada con las políticas públicas de desarrollo rural. Aun así, la infraestructura nunca se ejecutó y la actividad quedó bloqueada.
A través de Agroturismo El Escobonal S.L. he trabajado alineada con planes públicos, estrategias de desarrollo rural y fondos europeos. He invertido recursos propios, asumido riesgos personales y familiares y sostenido infraestructuras que hoy se consideran prioritarias. Todo ello sin grandes ayudas, sin titulares y, en demasiadas ocasiones, sin respaldo institucional.
Por eso resulta especialmente difícil de asumir la distancia entre el discurso político y la realidad que vivimos muchas personas en el medio rural.
En los últimos meses hemos leído en los medios anuncios de inversiones millonarias destinadas a mejorar accesos, saneamiento e infraestructuras rurales. Nadie discute la necesidad de estas actuaciones. Son importantes y, en muchos casos, urgentes. El problema no es que se invierta, sino cómo, dónde y para quién.
En mi caso concreto, tengo serios problemas de saneamiento en tres casas rurales. No se trata de una mejora opcional, sino de una necesidad básica para poder mantener una actividad legal, sostenible y generadora de empleo. Las soluciones técnicas existen, pero su coste es inasumible para una iniciativa privada y familiar que lleva décadas sosteniendo paisaje, economía y vida en el territorio.
A esta situación se suma un hecho difícil de justificar desde cualquier lógica institucional: hace muchos años propuse formalmente al Cabildo de La Gomera la mejora de los accesos en la zona y entregué un proyecto técnico de forma altruista, con la única intención de colaborar y aportar soluciones reales. El proyecto fue donado, no comercializado. Nunca recibí respuesta.
Ni una reunión, ni una valoración técnica, ni una negativa motivada. Solo silencio administrativo prolongado en el tiempo. Un silencio que contrasta con los actuales anuncios de inversiones millonarias en infraestructuras similares y que plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con las propuestas que nacen desde el territorio cuando no encajan en la agenda política del momento?
Mientras tanto, se repiten mensajes institucionales que hablan de presupuestos “humanistas”, de gestión “centrada en las personas”, de cohesión territorial y de oportunidades para toda la ciudadanía. El discurso es impecable. La realidad, no tanto. La pregunta es inevitable y legítima: ¿a qué personas se está poniendo realmente en el centro de la acción pública?
El medio rural gomero no se sostiene con grandes proyectos aislados ni con cifras globales. Se mantiene gracias a personas concretas que han cuidado el territorio cuando nadie lo hacía, que han fijado población, que han creado empleo y que han preservado el paisaje que hoy se utiliza como valor estratégico de la isla.
Por todo ello, hago desde aquí una exigencia clara y pública al Cabildo de La Gomera:
que dé respuesta a las propuestas presentadas por la ciudadanía, aunque hayan pasado años; que revise los criterios de acceso a las inversiones públicas en el medio rural; y que habilite soluciones reales para pequeños proyectos que no pueden asumir en solitario infraestructuras básicas sin las cuales no es posible iniciar actividad económica ni generar empleo.
No se piden privilegios ni trato de favor. Se exige responsabilidad pública. Se exige que las políticas que se anuncian como transformadoras no ignoren a quienes han hecho su parte y han cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos.
La Gomera no se resigna. Pero la resiliencia no puede seguir utilizándose como coartada para el silencio administrativo ni para la inacción. Esta historia puede continuar, sí, pero solo si el Cabildo decide pasar del discurso a los hechos y atender, con transparencia y compromiso, a quienes llevan décadas trabajando por esta isla.
- María Esther Hernández Padilla