La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha solicitado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y a la secretaria de Estado, Rosario Sánchez, la derogación del registro único de alquileres al considerar que se trata de una herramienta poco eficaz que invade las competencias autonómicas, crea un doble registro y genera inseguridad jurídica en los propietarios que cumplen con la normativa sectorial vigente.
«El Reglamento Europeo es de aplicación directa, no hacía falta un Decreto del Gobierno de España que ha generado una burbuja en las Comunidades Autónomas con ese doble registro: lo que para Canarias es legal, para los Ministerios de Vivienda y de Turismo no lo son. Ni Canarias puede darles de baja en el Registro General Turístico ni el Ministerio les permite comercializar», explicó la consejera.
De León hizo estas declaraciones tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada este martes en Madrid, a la que acudió junto al director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, en relación con la aplicación del Real Decreto que regula el registro único y la ventanilla única digital de arrendamientos, una herramienta a la que Canarias aún no ha podido conectarse debido a las dificultades técnicas que presenta su funcionamiento.
A esto se suma la nueva orden VAU 1560/2025, que exige volver a notificar a los registradores sobre los arrendamientos llevados a cabo en 2025 y que deben ser presentados antes del 2 de marzo. De no hacerlo, se les dará de baja de forma automática y, si el propietario quiere darse de alta nuevamente, tendrá que volver a asumir un coste económico.
En tal sentido, la Consejería alerta de que, de los 415.000 números de registros únicos de arrendamientos que hoy se comercializan en plataformas, solo 27.700 han podido completar los trámites de su vivienda y cumplir con la nueva Orden. «Se está generando una situación preocupante ya que los propietarios disponen de menos de un mes para completar la tramitación y, mientras tanto, el Ministerio de Turismo guarda silencio ante un problema que ellos mismos han generado», aseguró Jéssica de León.
«Desde la Consejería de Turismo y Empleo hemos recurrido ante el Tribunal Supremo este Real Decreto porque no solo crea un doble registro, sino que genera indefensión en el propietario ya que las viviendas que son legales en Canarias, son ilegales para los registradores, es decir, para el Ministerio de Vivienda, que carecen de competencias tanto en turismo como en vivienda», explicó la consejera.
De León recordó que el registro único de alquileres es una medida que nació sin el consenso general de las comunidades autónomas y que la Comisión Europea se ha manifestado en contra del Real Decreto, considerando que se aparta del Reglamento Europeo que es de aplicación directa. «No solo se trata de que invade competencias autonómicas, sino que exigir a los propietarios que inscriban sus viviendas en el registro es una imposición que contradice la Ley hipotecaria, que no obliga a realizar este trámite», apostilló la consejera.
Este requisito afectaría especialmente a las islas verdes, en las que muchos propietarios se verían afectados por quedar fuera de las plataformas de comercialización al no haber podido efectuar el trámite antes de la fecha establecida y con el perjuicio añadido de tener que pagar nuevamente para reactivar sus viviendas.
Fondos Next Generation
La consejera lamentó, por otra parte, que la Conferencia Sectorial, que llevaba más de dos años sin convocarse en contra del Reglamento de la propia Comisión, no respondiera a una voluntad real de diálogo con los gobiernos regionales, sino a una «reacción tardía y desesperada» ante el riesgo de que España pierda los fondos europeos Next Generation, debido a la falta de coordinación del propio Ministerio.
«La flexibilización para gestionar estos fondos llega tarde, tendría que haberse producido hace al menos un año», señaló Jéssica de León, quien coincidió con el resto de las comunidades en que la propuesta de flexibilizar los fondos no mejorará la ejecución de estos ni ayudará realmente al sector.
Finalmente, De León reprochó la falta de inversión estatal en infraestructuras de transporte y conectividad, y volvió a exigir que se cumpla el Régimen Económico y Fiscal que establece que los Presupuestos Generales del Estado deben contemplar una partida específica para Infraestructuras Turísticas que el Gobierno de España borró en 2023.